«Trabajaba desde las siete hasta la una o dos de la mañana (entre 18 y 19 horas), de lunes a sábados», comenta Olga Cruz Ortiz, una boliviana de 40 años que fue víctima de la vulneración de los derechos humanos más básicos. Hace 20 años que vive en Argentina, llegó sin documentos y eso le imposibilitó conseguir un trabajo formal. Por la extensa jornada, pensó que le pagarían el doble, pero eso nunca sucedió.

Al arribar al país con sus dos hijos, la contrató un pariente de su misma nacionalidad que tenía un «taller familiar» en la Ciudad de Buenos Aires. Olga no pensaba que iba a ser esclavizada por su propio primo. En efecto, se desempeñó durante cinco meses en una casa que fue adaptada para realizar actividades textiles en una de sus habitaciones. «Como no sabía usar las máquinas de coser, cocinaba y limpiaba todo el tiempo, para la casa y el taller», relata.

En el lugar trabajaban «unas 12 personas que solo paraban para ir al baño», comenta, y añade: «Nadie se despegaba de su máquina, incluso comían sobre ella». En las pocas horas que tenían para descansar, intentaban dormir: «Éramos tres o cuatro familias en una pieza con cuchetas para compartir», se acuerda.

Un obrero encaramado a un muro en el barrio de La Boca de Buenos Aires, Argentina, el 12 de abril de 2007. / Srdjan Zivulovic / Reuters

Ortiz también deja evidencias de su vulneración mental en ese contexto: «Los que estaban hace mucho tal vez trabajaban con retiro, pero los que no conocíamos nada teníamos que estar con cama adentro». Y comenta la decepción de aquel momento: «Era una migrante que venía con un montón de sueños, y de pronto me encontraba encerraba entre cuatro paredes, con música, hilo y ruidos de máquinas. Otra cosa no teníamos», se lamenta.

El control de los obreros, y sobre todo, su manipulación psicológica, eran fundamentales para el empleador: «Podíamos salir los domingos, pero solo con el dueño y dejando nuestras cosas en el taller»,explica el sometimiento. Sobre ese punto, añade a RT: «Nos decían que no conocíamos a dónde ir, que nos contrataron para trabajar, no para pasear». Y sentencia: «En general el trabajo esclavo es así, nunca te sueltan».

En aquel entonces era una inmigrante ilegal, y su jefe jugaba con esa desesperación: la perjudicada nunca haría una denuncia frente a las autoridades por temor a sufrir una deportación. El dueño del taller también creía ser el dueño de su vida. A pesar de ello, Olga logró escapar: «Agarré a mis hijos y nunca más volví». Luego hizo trabajos que no le requerían documentación, como limpieza de hogares, hasta que se unió a ‘La Alameda’, una cooperativa de trabajo textil que a su vez denuncia decenas de casos de explotación laboral. Actualmente trabaja en dos marcas de la organización, No Chains y Mundo Alameda, cuyo lema es: «Libre de trabajo esclavo».

Capital de la explotación

Sobre estas demandas, el caso que más resonó contó con acusaciones a los hermanos Daniel y Juliana Awada –actual esposa del Presidente Mauricio Macri-, por reducción a la servidumbre de costureros bolivianos en las reconocidas empresas Cheeky y Como Quieres que te Quiera. Gustavo Vera, titular de la agrupación y presidente de la Comisión Especial por Trata de Personas en la Legislatura porteña, explica: «Fueron cuatro causas penales, pero a pesar de las cuantiosas pruebas, las mataron». Todas comenzaron tiempo antes de que Awada se convierta en Primera Dama, «pero perduraron en el tiempo».

Una de ellas, iniciada en 2007 junto al Gobierno de la Ciudad –cuando gobernaba Jorge Telerman- y la Defensoría del Pueblo, contó con el sobreseimiento de los acusados otorgado por el ex Juez Federal Guillermo Montenegro. Poco tiempo después, renunció a su cargo de magistrado y asumió como ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, cuando Macri ganó las elecciones porteñas. Todo cierra. Actualmente, Montenegro se postula a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Obreros trabajan en el pavimento de una calle en el barrio de Villa Palito, en La Matanza, en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina, el 29 de julio de 2015. / Marcos Brindicci /Reuters

«El 80% de la ropa proveniente de la industria textil es ilegal», retoma Vera, y añade otro dato preocupante: «Buena parte se produce en talleres clandestinos ubicados en la capital del país y provincia de Buenos Aires, con trabajadores de Bolivia y el norte de Argentina, para más de 110 marcas importantes». Cabe mencionar que este rubro es uno de los que más fuentes laborales  produce, aunque, como destaca el experto, son ilegítimos en grandes proporciones: «Solo en la ciudad más importante de Argentina hay 3.000 talleres textiles clandestinos, el Gobierno porteño en el 2015 registró 2.000 sin habilitar, pero estimamos que son más, contando lo que no se inspeccionó».

Para cuantificar esto en vidas humanas perjudicadas, agrega que «hay un promedio de diez trabajadores por taller», y calcula: «Hablamos de 30.000 personas». Por último, el precandidato a diputado en la Legislatura por el frente Unidad Porteña, concluye: «Esto abarca a toda la industria, no solo hablamos de ferias populares, la trata también termina en ventas de lugares de moda y grandes shoppings».

Informe realizado por Actualidad RT