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Economia

A fondo perdido, Añez otorga credito de 100 millones de dolares a grandes empresarios cruceños

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Santa Cruz 1 de septiembre de 2020

El Gobierno transitorio de Jeanine Añez otorgó un crédito de 100 millones de dólares a los empresarios cruceños, recursos que son a fondo perdido, que no tendrán reembolso para el país y que será pagado, en los siguientes años, por toda la población boliviana al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según la Agencia Boliviana de Información, el gobierno otorgó esos recursos del BID a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para “capacitaciones para el mejoramiento de la mano de obra agropecuaria” y de esa forma reponer las pérdidas causas a raíz de los bloqueos suscitados la primera quincena de agosto.

La CAO, que aglutina a 70.000 afiliados cruceños, es miembro del Comité Cívico Pro Santa Cruz, del cual fue su presidente, Branko Marinkovic, actual ministro de Planificación de Desarrollo y que logró la aprobación de la transferencia de esos recursos en menos de 48 horas.

El 16 de agosto, un día después de que se levantaran los bloqueos, el vicepresidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano cuantificó en 100 millones de dólares las pérdidas por las movilizaciones en el país, señalando que los sectores lechero, avícola y porcino son los más afectados, similar discurso con el que se paseó por varios medios de prensa, el presidente de esa entidad, Reinaldo Díaz.

El 18 de agosto, se hizo la transferencia y el ministro – acusado anteriormente por sedición y terrorismo – justificó la medida, señalando que es “un convenio interinstitucional que se tiene con el BID, que autoriza que el préstamo se pase a la CAO”.

A pesar de que en el portal de la CAO (cao.org.bo) se precisa que es una institución sin fines de lucro, puede acceder a recursos estatales con tramites muy rápidos.

El 19 de junio de 2020 el BID aprobó un crédito de 450 millones de dólares para enfrentar los efectos del Covid en Bolivia y precisa que el objetivo de esos recursos es para “contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19, en el periodo inmediato y durante la recuperación”.

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