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Política

ABT denuncia que Gobernación cruceña encubrió desmonte ilegal de tierras del río Parapetí en la gestión de Áñez

La ABT actuó bajo las normas y bajo leyes establecidas por su jurisdicción y que la viabilidad para la construcción del puente y la ficha ambiental son y siempre fueron competencias de la Gobernación.

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Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra
Foto-Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra

La Paz, 9 de febrero 2022

El director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Roberto Flores, denunció que la Gobernación de Santa Cruz encubrió el desmonte ilegal de tierras en la zona del río Parapetí, durante la gestión de Jeanine Áñez.

A través de una Conferencia de prensa que organizó la ABT, Flores reveló que los desmontes ilegales no fueron denunciados por la Gobernación cruceña en 2020, cuando se produjeron, y que las tierras en las que se instalaron los responsables de esa acción, tenían los permisos que emitió la Gobernación de Santa Cruz para autorizar la tala y posicionamiento de los predios.

“Van a notar acá la propiedad privada Cuarirenda, titulada el 31 de julio de 2020, tiene una extensión de 1,4165 hectáreas (ha)y los propietarios son José Carlos Ortiz Velarde y Oscar Ortiz Velarde (…) Sobre este predio se han otorgado derechos como el Plan de Ordenamiento Predial (POP), otorgado el 22 de marzo de 2021, que es la zonificación de un predio en función a la capacidad mayor del uso de tierras, enmarcado en las reglas y recomendaciones del Plan de Uso de Suelo (PLUS), que está establecido por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz bajo la Ley 2553”, explicó.

Bajo ese marco, Flores reclamó que, en ese entonces, las autoridades de las ABT dieron viabilidad a quienes tenían intereses por la edificación de un puente y el desmonte de tierras y reafirmó que a la fecha existen dos procesos administrativos que lleva la institución en contra de los responsables.

“Tenemos los planes de desmonte: el 31 de mayo de 2021, se aprobó un plan de desmonte de 360 ha, el 28 de octubre de 2021, se aprobó un desmonte de 2707 ha (…) Muchos hablan de los desmontes ilegales que hubieran hecho los menonitas, pero hago énfasis en que esta es una propiedad privada en la que se han otorgado derechos”, señaló a la opinión pública.

Reafirmó que la ABT actuó bajo las normas y bajo leyes establecidas por su jurisdicción y que la viabilidad para la construcción del puente y la ficha ambiental son y siempre fueron competencias de la Gobernación por lo que pidió al gobernador Luis Fernando Camacho que se “haga asesorar bien” antes de cometer otra equivocación y señalar como responsable a la ABT.

Finalmente, anunció que la jornada de mañana, el ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Édgar Montaño también realizará una inspección en el lugar.

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