Alerta migratoria para ministros Murillo y López en caso gases lacrimógenos

(Infodiez-6/11/20)

La Fiscalía solicitó la alerta migratoria para garantizar la presencia de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López, quienes deben asumir defensa ante una denuncia por la compra supuestamente irregular de equipo antimotines.

El requerimiento, que fue firmado el 5 de noviembre por los fiscales de Materia, Marco Villa Pareja y Luis Fernando Atanacio, incluye a otras dos personas que también pueden aportar a esclarecer o descartar estas denuncias.

Ambas autoridades, cuyo mandato caducará cuando asuma el gobierno de Luis Arce, fueron denunciadas por los diputados de la Comisión Mixta de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas, bajo los cargos penales de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.

Ante estas acusaciones, López negó, en varias ocasiones, que la compra hubiese saltado procedimientos legales o un eventual sobreprecio de este armamento no letal dotado a la Policía y las Fuerzas Armadas.

Alegó la legalidad de la firma intermediaria Bravo Tactical Soluctions tras mostrar una certificación que la autoriza «a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas» que envió la fábrica Cóndor que tiene sede en Brasil.

«Comenzó la cacería (…). Esa es la democracia del MAS, utilizar a la justicia para librar de culpa a quienes le hicieron fraude al país, y estaban escondidos en embajadas, defender a Evo Morales, liberar narcos como la reina del Norte, y perseguir a quienes defendimos la democracia. Es una pena», declaró Murillo el jueves por la noche, en un contacto con el diario El Deber.

De acuerdo con la denuncia, Bolivia pudo pagar 5,6 millones de dólares por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la intermediación de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, con sede en Estados Unidos, luego que decidió suspender una compra directa con la empresa brasileña Cóndor. La firma del contrato fue en diciembre de 2019.

Según la querella, Bolivia pagó 270 bolivianos por cada proyectil lacrimógeno de larga distancia y 250 bolivianos por proyectiles «de triple acción». En cada caso demandó la dotación de 50.000 unidades. /ABI