Añez debe responder a 49 preguntas sobre los hechos de Senkata y Sacaba

(Infodiez-8/10/20)

La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investiga la posible vulneración de los derechos y garantías constitucionales en los hechos registrados entre octubre y noviembre de 2019, aprobó el miércoles un cuestionario de 49 preguntas para que la presidenta transitoria, Jeanine Añez, informe sobre los hechos registrados entre octubre y noviembre de 2019, entre los que figuran las masacres de Senkata y Sacaba.

“Informe si le comunicaron qué tipo de armamento utilizaron los militares que participaron en los operativos de fecha 19 de noviembre de 2019 (Senkata), adjunte documentación que respalde su respuesta”, señala la pregunta 33 del cuestionario leído por la senadora Sonia Chiri, miembro de la comisión investigadora.

Otra de las preguntas indica: Informe si el Órgano Ejecutivo autorizó para que grupos armados de policías y militares ingresen a la planta de Senkata y resguarden las cisternas con combustibles y camiones de GLP.

Respecto a los hechos de Sacaba, la comisión solicita a Añez que informe si conoce del fallecimiento de varias personas en el puente Huayllani, municipio de Sacaba, Cochabamba, en fecha 15 de noviembre de 2019; y si conoce las causas del fallecimiento de estas personas, el levantamiento de cadáveres y autopsias.

En su quinta jornada de entrevistas, la comisión también cumplió el cronograma de entrevistas con la asistencia del fiscal asignado al caso Senkata, Joel Ramos Galindo, y el excomandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita Trujillo, que dirigió el operativo en Huayllani, entre otras autoridades y exautoridades.

La ronda de entrevistas inició con la declaración del representante del Ministerio Público que investiga los violentos hechos registrados el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, donde se realizó un operativo conjunto entre militares y policías para desbloquear la zona y trasladar combustible de la planta, lo que dejó 10 muertos por impacto de bala y 31 heridos.

“Hemos requerido a los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, además al Ministerio de Defensa, que nos proporcionen el plan operativo, pero hasta la fecha no se nos informó, en razón de que sería un secreto militar, amparándose en sus normas de las FFAA”, señaló.

Ramos indicó que se solicitó el levantamiento del secreto militar, vía la autoridad jurisdiccional, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con esa información, lo que –a su juicio- evidencia “reticencia a la investigación”, por parte de las instituciones involucradas.

El fiscal precisó que paralelamente se realizaron varios actuados, tales como: la anticipación de prueba, pericias de balística de campo y de informática forense del material audiovisual, fotografía forense, autopsias médico legales, sin embargo, hasta la fecha no se aprehendió a ninguna persona.

Posteriormente, declaró el exjefe policial de Cochabamba, quien ejecutó el plan operativo el 15 de noviembre de 2019, cuando un grupo de campesinos cocaleros salió en una marcha pacífica a las calles para llegar hasta la plaza 14 de septiembre, sin embargo, la movilización fue detenida a la altura del puente Huayllani, donde se registraron 10 personas fallecidas por impacto de arma de fuego y 115 heridos.

“Era una acción combinada entre la Policía y el Ejército, y utilizamos solo agentes químicos. La Policía no llevó armas de fuego, cumplió su misión constitucional de mantener el orden público”, manifestó.