Áñez observa ley sancionada que posterga 90 días las elecciones y pide priorizar la salud

(Infodiez-1/05/20)

La presidenta Jeanine Áñez observó la ley que fue sancionada por la Cámara de Senadores y posterga máximo 90 días las elecciones nacionales, que estaban previstas para el 3 de mayo, y pidió priorizar la salud de los bolivianos ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19.

«En defensa de la vida y la salud de los bolivianos, rechazo las elecciones que ha convocado el MAS. Hay que hacer elecciones cuando no sean un riesgo de salud. La salud es primero», escribió en su cuenta de Twitter.

Ese proyecto de ley fue enviado por el Tribunal Supremo electoral (TSE), que en principio planteaba que los comicios se realicen entre junio y septiembre de este año, pero el Legislativo modificó la norma y dio un plazo máximo de 90 días calendario para efectuar las elecciones.

La mandataria solicitó, mediante una misiva enviada a la presidenta del Senado, Eva Copa, «someter a observación» a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional la ley sancionada esta jornada.

La jefa de Estado explicó que la emergencia sanitaria y las medidas de prevención para evitar la propagación del virus «hacen imposible su realización en la fecha prevista».

Áñez propone, mediante la misiva, que «se mantenga la redacción original» del proyecto de ley enviado por el Órgano Electoral que, en su artículo 2, establecía que «en el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo electoral fijará la nueva fecha para la jornada de votación de las elecciones generales 2020, que deberá efectuarse entre el 7 de junio y el 6 de septiembre», en base a criterios técnico científicos para evitar la propagación del coronavirus.

Justifica esa propuesta debido a las «dificultades sobrevinientes (cada vez más complejas) ocasionadas por la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno», y que la definición de la fecha de los comicios se establecería mediante un diálogo con los actores políticos y órganos del Estado «para garantizar a todas y todos los bolivianos el ejercicio de sus derechos, preservando por encima de todo su salud y su vida».

La mandataria explica que la modificación de ese artículo, recortando más de 30 días el plazo para realizar las elecciones, «es totalmente inviable de cumplimiento, atentatorio contra la salud de todos los bolivianos y no se adecúa con la realidad que vive Bolivia y el mundo» debido a la pandemia.

Recordó que el Gobierno nacional decretó varias medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19, entre ellas, la cuarentena total, además de la prohibición de circulación vehicular y el cierre de fronteras, sin embargo, observa que la norma sancionada declare de prioridad la preservación de la salud y que el Ejecutivo aplique medidas preventivas, pero existe «contradicción» al adelantar las elecciones «en desmedro del derecho fundamental a vida y salud, aún más cuando entramos a la estación de invierno en la cual el número de contagios podría incrementarse».

Cuestiona, también, que las medidas preventivas aplicadas por la emergencia sanitaria impidieron al Órgano Electoral ejecutar el calendario de los comicios, pero al convocar a elecciones con anticipación se realizarían acciones que significarían «exponer (a la población) a un mayor riesgo de contagio, ya que en elecciones existen muchos procedimientos en los cuales habría el riesgo de aglomeración de personas».

La mandataria observa también que esa norma haya sido modificada, pese a que el TSE «logró el consenso entre los actores políticos y sociales para la materialización de dicho proyecto de ley».

Aclaró que «comparte plenamente la decisión de llevarse a cabo las elecciones democráticas este año, no obstante, este escenario debe darse previa evaluación del Órgano electoral en coordinación con las autoridades competentes en salud y la Organización Mundial de la Salud, posterior a que el punto más crítico de contagio se haya superado».

Resalta que en virtud al artículo 37 de la Constitución Política del Estado, que establece que «el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera y a fin de precautelar del derecho fundamental de la vida y salud del pueblo boliviano». /ABI