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Arce y Choquehuanca instruyen indagar denuncia de financiamiento por un acusado de narcotráfico

“Como Ministerio de Justicia hemos recibido el mandato del Presidente y del Vicepresidente de investigar, aclarar y darle respuesta al pueblo boliviano sobre esa temática que de ninguna manera puede quedarse sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”.

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Foto-Presidente Arce y Vicepresidente Choquehuanca

La Paz, 5 de julio 2022

El presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca instruyeron al Ministerio de Justicia indagar la denuncia del diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, sobre financiamiento electoral por parte de un acusado de narcotráfico, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Como Ministerio de Justicia hemos recibido el mandato del Presidente y del Vicepresidente de investigar, aclarar y darle respuesta al pueblo boliviano sobre esa temática que de ninguna manera puede quedarse sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”, explicó en una entrevista con la red Unitel.

Cuéllar reveló una carta de 2017 firmada por García, en la que agradece los aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

Apoyada en esa misiva, la oposición política envió una carta al TSE, en la que le exigió actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

“Hay competencia del Tribunal Supremo Electoral en la materia que han solicitado diputados de oposición, hay competencia del Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, porque definitivamente este es un hecho que está sancionado por la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y también existe la posibilidad que el Ministerio Público active los mecanismos que tiene”, sostuvo Lima y aseguró que ya está en curso una investigación.

García presentó este martes una demanda penal contra Cuéllar y lo relacionó con delitos de violación y tráfico de madera.  //La Razón

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