No deja de llamar la atención que el Gobierno de Bolivia haya suscrito en 2016 un convenio con Bielorrusia para la producción de armamento de guerra y que ese documento haya sido ratificado el miércoles en el Senado, sin que a nadie se le moviera un pelo.

Se trata de un convenio para la producción, modernización, reparación y entrega de armamento para aviación, defensa antiaérea y ejército de tierra.

No se han detallado los montos para la ejecución del convenio, pero tratándose de armamento militar, deben ser  varios millones de dólares.

La pregunta es si Bolivia realmente necesita armarse o si sus prioridades tienen que ver con áreas tan olvidadas como la salud, la justicia y las cárceles.

El citado convenio, además, va en contra de la Constitución Política del Estado que declara a Bolivia como un país pacifista.

Si un convenio  toca un tema tan sensible como la producción de armamento,  es preciso que las autoridades promuevan un debate más abierto y revelen los términos del mismo para conocer la opinión de la población.

Fuente: Página Siete