Bolivia prohibió uso de dinamita en protestas sociales

El Gobierno prohibió este jueves el uso de explosivos como dinamita y otros en movilizaciones y protestas, contravensión que será sancionada con 1 a 4 años de prisión y la reposición de daños civiles.

Estableció además como medidas preventivas, la obligatoriedad de la Policía Boliviana de realizar labores de control como la requisa y el secuestro de estos materiales y la presentación de los portadores ante el Ministerio Público, así como la facultad del Ministerio de Defensa a regular su comercialización.

“El Gabinete ministerial ha decidido aprobar un Decreto Supremo mediante el cual se establece que el uso, porte, y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas de protesta, huelgas, mitines queda terminantemente prohibido”, anunció esta mañana el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una conferencia de prensa compartida con los ministros de Trabajo, Gonzalo Trigoso, y de Minería, César Navarro, en el Palacio de Gobierno.

La determinación fue comunicada a la conclusión del Gabinete ministerial extraordinario, instalado a las 07.00, para evaluar exclusivamente el régimen de las cooperativas mineras en Bolivia, después de que la pasada semana un conflicto con el sector se saldará con la muerte de cuatro mineros y la del viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes.

Romero enfatizó, a modo de introducción, que se advirtió que las dinamitas y otras son armas letales, que no solo dañan la integridad física de las personas sino antentan contra la propia vida de sus portadores. Recalcó que el Gobierno apunta a la defensa de la vida, la integridad física y la propiedad privada.

“La contravensión de esta normativa configurará no solamente una figura tipificada jurídicamente como contravensional, criminal, penalizada por nuestro ordenamiento jurídico remitiéndonos al artículo 211 de nuestro Código Penal, estableciendo responsabilidad penal para sus contraventores pudiendo aplicarse a los mismo una pena privativa de libertad que podrá variar entre 1 y 4 años dependiendo de la gravedad del hecho calificada por la autoridad jurisdiccional”, recalcó.

El 1 de mayo pasado, el Gobierno aprobó siete decretos, uno de los cuales dejó sin efecto el Decreto Supremo 1359, de 26 de septiembre de 2012, que prohibía la tenencia y uso de materiales explosivos que eran utilizados en las manifestaciones sociales.

Romero aclaró que el decreto aprobado hoy también establece que quién contravenga la norma asumirá, además, la responsabilidad civil traducida en la reparación del daño personal o material.

Como medidas preventivas, el Gobierno dispuso, a través del decreto, la obligatoriedad de que la Policía Boliviana efectué labores de control como requisa y secuestro de materiales explosivos y su remisión, juntos a los portadores, ante el Ministerio Público para su “sometimiento a la autoridad judicial”.

También se dispuso que el Ministerio de Defensa tenga la tuición de suspender temporalmente, restringir o adptar otras medidas necesarias para la comercialización de explosivos y dinamitas en circunstancias específicas, sobre todo las que tengan que ver con manifestaciones públicas u otras.

“De esa manera queremos establecer de manera indubitable y categórica nuestra responsabilidad como Estado de adoptar las medidas de seguridad que sean lo suficientemente categóricas para preservar los valores de la vida y la intregracion fisicas, y así eliminar estos factores representados por el uso de estos explosivos en condición de arma letal para afecatar la vida y restituir su naturaleza de dirigirse a la actividad económica, industrial, productiva, que pueda más bien ampliar los derechos de los bolivianos y nunca ir en contravensión de estos valores”, indicó Romero.

Romero denunció el 29 de agosto, que unos 30 kilos de explosivos fueron hallados en dos puntos de los bloqueos que realizaron los cooperativistas mineros entre Mantecani (Cochabamba) y Panduro (La Paz) entre el 23 y 25 de agosto, como parte de su protesta por modificaciones a la Ley General de Cooperativas que permiten la sindicalización al interior del gremio.