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Política

Canciller Karen Longaric declarará por la compra ilegal de respiradores

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Gobierno_de_Áñez

(Infodiez-10/07/20)

La Comisión Especial Mixta de Investigación de la Adquisición de Respiradores, Insumos y Equipos de la Lucha contra el Covid–19 de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) iniciará la toma de declaraciones de nueve personas a partir de la siguiente semana, una vez que se tengan las autorizaciones del Órgano Judicial para que los privados de libertad puedan entrevistarse con los miembros de la comisión.

El presidente de la comisión investigadora, senador Ciro Zabala declaró que “la convocatoria ya está hecha para la siguiente semana y creemos que probablemente el día jueves estaremos iniciando actividades, calculamos que vamos a entrevistar a tres por día y como son nueve son tres días de entrevistas”.

En la lista que fue aprobada por los miembros de esa instancia fiscalizadora se encuentran los funcionarios del Ministerio de Salud: Fernando Valenzuela, Giovanni Pacheco, además de Ana Fernanda Espinoza, Gabriela Pérez, los exministros Aníbal Cruz y Marcelo Navajas, la canciller Karen Longaric, el cónsul Alfredo Pareja y el consejero Mohamed Mostajo.

De la lista, cuatro se encuentran con detención preventiva, dos con detención domiciliaria y uno se encuentra fuera del país, que en ese caso – precisó Zabala – puede tener la opción de responder un cuestionario escrito.

Precisó que las autoridades en ejercicio que se nieguen a presentarse a declarar pueden ser procesadas por incumplimiento de deberes, ya que es una atribución del Órgano Legislativo la fiscalización de las acciones del Ejecutivo.

La comisión investigadora está encargada de averiguar si los 170 respiradores que llegaron al país fueron adquiridos con sobreprecio o no, además de indagar sobre la responsabilidad de las actuales y anteriores autoridades en esa adquisición. También se realizará la pesquisa de la compra de otros insumos o equipos para combatir la pandemia con irregularidades.

En la oportunidad, Zabala lamentó que el gobierno transitorio bloquee el presupuesto para el funcionamiento de la comisión investigadora y se evite la contratación de personal ni el pago de salarios de los actuales servidores públicos de esa instancia legislativa.

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