Luego de la liberación de los dos carabineros retenidos en Bolivia, quienes traspasaron ilegalmente 7,5 kilómetros el límite, el Gobierno de Chile salió a criticar el uso que hizo el gobierno de Evo Morales a la situación.

“La relación entre los Estados debe guiarse por el derecho internacional. La instrumentalización de situaciones fronterizas para fines propagandísticos, el procurar movilizar a la opinión pública a través de actos de provocación y declaraciones destempladas resultan contraproducente con la aplicación de las normas del derecho y con el fomento de una adecuada vecindad”, dijo una declaración del  Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

En el texto, Chile señaló haber hecho las gestiones para la liberación de los funcionarios, negando la versión de Morales, quien para liberar a los detenidos.

“Se enviaron dos notas diplomáticas, debidamente recibidas por la Cancillería de Bolivia, pidiendo su liberación y defendiendo el derecho de asistencia consular en virtud de la Convención de Viena”, señaló la declaración.

A su vez, Chile pidió cesar “la hostilidad” de Bolivia para posibles acuerdos conjuntos en la batalla contra el narcotráfico y el contrabando.

“El Gobierno de Chile siempre ha estado a favor del diálogo sobre asuntos concretos de la relación fronteriza (…). Ayudaría en este sentido el cese de la hostilidad del Gobierno de Bolivia hacia el pueblo chileno y sus autoridades, para así dar credibilidad a los eventuales acuerdos fronterizos que se concluyan”.

“El Gobierno de Chile se manifiesta disponible para avanzar en estos temas concretos y lograr entendimientos sobre los mismos, puesto que no son asuntos sometidos al conocimiento de la Corte Internacional de Justicia”, instó la declaración.

“No son comparables”

El sábado, Evo Morales dijo que de cómo debían resolverse los problemas, en alusión a la detención de entre ellos funcionarios de Aduanas y policía.

“No resulta comparable este caso con el de los nueve ciudadanos bolivianos detenidos en Chile. En este último caso se siguió un debido proceso, tras una acusación de un representante del Ministerio Público por graves delitos -aplicando los más altos estándares de prueba ante un tribunal independiente- y se concluyó con una sentencia judicial.