Casi la mitad de la población boliviana ahorra con la “Tarifa Dignidad” del consumo de electricidad

La Paz, 27 de junio 2022

Alrededor de 1,3 millones de familias bolivianas, que es casi la mitad de la población del país, ahorra con la “Tarifa Dignidad”, en el consumo del servicio de electricidad, según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

“Aproximadamente 1,3 millones de familias bolivianas, que es casi la mitad de la población del país, se benefician directamente con la ‘Tarifa Dignidad’ porque representa un ahorro que supera los 400 millones de bolivianos hasta el año 2026 para estos usuarios”, indicó Molina, según la separata “Más energía para salir adelante” publicada este mes por esa cartera de Estado.

Según ese documento esta iniciativa es una prioridad para el Gobierno del presidente Luis Arce, en el marco de la política de la redistribución de la riqueza, que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías impulsa, así como la universalización del servicio básico de electricidad.

“Cada año ampliamos la cobertura eléctrica para llegar a más familias con este servicio básico, y cada familia que accede a energía eléctrica es una familia que puede gozar del beneficio de la ‘Tarifa Dignidad’”, enfatizó Molina.

El principal rol del Estado es garantizar los derechos de los bolivianos, entre ellos el acceso a energía eléctrica. Por ello, desde este ministerio se implementan políticas para que los bolivianos no solo cuenten con electricidad en sus hogares, sino también para que ahorren en sus facturas de luz, se lee en la separata.

El 30 de marzo de este año, el ministro Molina firmó la ampliación del Convenio de Alianza Estratégica “Tarifa Dignidad” que beneficia a los usuarios de la categoría domiciliaria, cuyos consumos son menores o iguales a 70 kilovatios por hora (kWh) en el mes, con un descuento de 25% al importe mensual por su consumo de electricidad.

El convenio se firmó con las empresas eléctricas que forman parte del Mercado Eléctrico Mayorista y tiene una vigencia hasta el 2026.

De las empresas eléctricas del mercado mayorista que firman el convenio, el 65% son compañías públicas, financian los descuentos realizados por las distribuidoras de electricidad a los consumidores en la categoría domiciliaria.