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Política

CC pide al contralor auditar  al proceso de contratación entre la Esm y la firma de abogados de Héctor Arce

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La Paz, 2 de junio 2021

Los diputados de Comunidad Ciudadana, Elena Pachacute, José Manuel Ormachea y Oscar Balderas, enviaron una carta al Contralor General del Estado, Henry Lucas Ara Pérez, solicitando una Auditoria Especial al proceso de contratación por excepción suscrito entre la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la firma de abogados Alliance Abogados Asociados “en razón a que el mismo presenta vicios de nulidad absoluta que atentan contra los intereses del Estado e incumple lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios”, señala la carta.

En la misiva, los diputados observaron que el contrato entre la ESM y Alliance Abogados Asociados “constituye una evidente “Desviación de Poder” que en materia contractual se la define: “Como la función administrativa ejercida por el servidor público, con el propósito de favorecer a un tercero, dejando de lado el fin legítimo que persigue la ley con la atribución de la respectiva competencia” y que en este caso específico se da para favorecer a ex funcionarios de la Procuraduría General del Estado que buscan beneficiarse de un contrato que les reporte beneficios económicos, aprovechando sus influencias por demás evidentes en este asunto”.

El pasado lunes, en conferencia de prensa, el diputado Ormachea denunció que dicha contratación presenta vicios de nulidad y pretende beneficiar económicamente a miembros del partido de gobierno, que además ejercen altos cargos diplomáticos.

“Este contrato tiene vicios de nulidad; presunción de daño económico al Estado; tiene por detrás el concepto de desvío de poder en función al aprovechamiento del Estado para beneficio económico personal de Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho (…) es una contratación a los amigos del gobierno”, denunció Ormachea.

Los diputados de oposición también observaron el incumplimiento del artículo 217 de la Constitución Política del Estado y de la Ley de la Procuraduría General del Estado, que atribuyen al Procurador la función de “defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado”.

“Por otro lado, conforme a la Constitución y la Ley, quien debe asumir esta defensa es la Procuraduría General del Estado que tiene como atribución promover, defender y precautelar los intereses del Estado y entre sus funciones está el defender judicial y extrajudicialmente los intereses del mismo, para lo cual cuanta con el presupuesto para atender estos asuntos; por lo que este contrato suscrito por la ESM, aportando recursos propios, constituye un evidente daño económico al Estado” señala la misiva.

La Resolución No CGE/144/2019 de la Contraloría General del Estado, establece que la Auditoria Especial, “es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia, con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otra normas legales aplicables y obligaciones contractuales u otros aspectos que puede generar el establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública”.

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