El martes 31 de marzo, a última hora, las autoridades de Jujuy decidieron disponer el traslado de un grupo de personas migrantes de manera compulsiva, arbitraria e irregular. Estas personas, originarias de Perú, Venezuela y Colombia, habían ingresado a la Argentina para radicarse aquí o habían llegado hasta La Quiaca para abandonar el país, justo antes de que las fronteras fueran cerradas.

Entre las sesenta personas hay personas solas y familias con niñes, que se encontraban en La Quiaca y San Salvador de Jujuy desde mediados de marzo. Esta mañana fueron subidas a un micro de larga distancia sin informales con precisión hacia dónde se dirigían. En el proceso, además de la desinformación, sufrieron requisas.

Muchas de las personas trasladadas tienen necesidades de protección internacional, razón por la que ingresaron al país durante marzo con la intención de radicarse en alguna provincia. Casi 40 de ellas se encontraban hospedadas en alojamientos y comedores comunitarios de La Quiaca, y cumplieron con las medidas de aislamiento social, obligatorio y preventivo establecidas por el Poder Ejecutivo Nacional, como consecuencia del COVID19. Sin embargo, la provincia decidió enviarlas sin ninguna justificación ni regulación que lo avale, hacia la ciudad de Buenos Aires.

El traslado compulsivo dispuesto por la provincia  afecta la libertad de circulación, forzando a las personas a desplazarse sin información suficiente sobre las condiciones de ese desplazamiento ni el lugar preciso al que se las está llevando ni cuál será el dispositivo previsto para su recepción en medio de una gran ciudad  en pleno aislamiento social obligatorio. Además, las obliga a cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican, ni avalan, este tipo de medidas.

Las organizaciones ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales); CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales); y CAREF (Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes), presentamos un Habeas Corpus ante la Justicia Federal de Jujuy para conocer las razones del desplazamiento, el dispositivo dispuesto para garantizar que el traslado resulte seguro y las condiciones de recepción previstas para este grupo.

Esperamos que la Justicia analice esta situación que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad ambulatoria así como una transgresión de todas las normas nacionales vigentes que preservan la salud pública en el contexto del COVID19.