“Menos de cuatro años después de su firma, Bolivia violó el Tratado de Límites de 1874”, se lee en el documento, según una traducción no oficial.

Con ese acuerdo, Chile y Bolivia firmaron un nuevo tratado (el anterior databa de 1866, según el documento chileno) en el que “reafirmaban que el límite entre ellos seguía el paralelo 24º de latitud sur y definía su término oriental”, validando la pertenencia del Litoral para Bolivia.

Según Chile, el artículo 4 de ese convenio además establecía que Bolivia se comprometía a garantizar el no exceso, por 25 años, de los “derechos de exportación sobre los minerales” en un área que acordaron sea común, pero que estaba en territorio boliviano.

Además, fijó que “las personas, industrias y capitales chilenas no estarán sujetas a ninguna contribución distinta de las actualmente vigentes, independientemente de su naturaleza”.

Desde este acuerdo, en febrero de 1878, Bolivia introdujo nuevos impuestos sobre los minerales exportados por una empresa chilena (la Compañía de Nitrato de Chile) 70 a la que se le había otorgado el derecho de exportar nitrato a través del puerto de Antofagasta libre de derechos de exportación u otros impuestos cargos por un plazo de 15 años”, reseña el legajo chileno en acápite 2.20.

Un año después, siempre con base en la versión chilena, el gobierno boliviano “confiscó los activos pertenecientes a esa empresa para cubrir cantidades supuestamente adeudadas a las autoridades fiscales bolivianas y bloqueó los envíos salientes de la misma72. Por último, en febrero de 1879, Bolivia rescindió unilateralmente la concesión otorgada a la Compañía de Nitrato de Chile y tomó medidas para vender los activos que le pertenecen”.

La Moneda asegura que Bolivia no eliminó el citado  impuesto “e ignoró la solicitud de de Chile de un arbitraje” para resolver el caso.

Por ello, “el día en que Bolivia programó una subasta para vender los activos de la Compañía Chilena de Nitrato, el 14 de febrero de 1879, Chile ocupó la ciudad de Antofagasta y sus alrededores para proteger a los chilenos y las propiedades en esa zona de daños inminentes. Bolivia, por otro lado, afirmó que su límite sur corría a lo largo del paralelo 26,6”.

Pero además, el gobierno chileno alega que “la guerra del Pacífico no fue un evento aislado” puesto que “ocurrieron en un momento en que se estaban formando los nuevos Estados independientes de América Latina y se habían establecido sus límites”.

“Prácticamente todos los países sudamericanos libraron guerras contra sus vecinos, lo que en última instancia condujo a delimitaciones y cambios en las fronteras entre ellos” precisa y añade que “incluido el límite que separa Bolivia y Chile, surgen de tratados que se concluyeron después de la guerra o para evitar la guerra”.

”Establecer las fronteras de Chile con sus vecinos en la Cordillera de los Andes hacia el este, y el Despoblado de Atacama al norte, fue un proceso largo y difícil”, remarca.

Chile asegura que tras la guerra, Bolivia no habló del Litoral sino de territorios peruanos

Otra puntualización que hace Chile es que tras la conflagración y firma del denominado Pacto de Tregua de 1884, Bolivia no buscó recuperar su territorio perdido o un acceso al mar vinculado a él sino apuntaba a las costas que Chile arrebató a Perú, otro de los afectados de la invasión chilena y posterior Guerra del Pacífico.

“Después de 1884, y en los intercambios diplomáticos sobre los asuntos en litigio ante la Corte en este caso, Bolivia ha centrado sus esfuerzos diplomáticos en Arica o territorios adyacentes a ese puerto. Esa tierra nunca ha sido boliviana”.

Según Santiago, “durante las últimas dos décadas del siglo XIX, Bolivia se concentró en intentar llegar a un acuerdo con Chile para obtener un nuevo acceso al mar, en particular a través de los territorios de Tacna y Arica”.

“La Provincia del Litoral estaba habitada en gran parte por chilenos, no por ciudadanos bolivianos. La inversión boliviana no existía allí y la presencia de las autoridades bolivianas había sido escasa”, se lee en el legajo de seis tomos que fue entregado al corte el 13 de julio de 2016.