Política
CIDH pide a Añez anular el Decreto 4200
La Paz 11 de marzo de 2020
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por los alcances de un decreto de la presidenta Jeanine Añez que amenaza con penas de cárcel a las personas que desinformen en medio de la actual cuarentena en prevención al coronavirus, por lo cual pidió dejarlo sin efecto.
A través de un comunicado, la entidad señala que la norma no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud. Considera además que es desproporcionado uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público.
La @RELE_CIDH expresa grave preocupación por aprobación de decreto en #Bolivia que sanciona con prisión “desinformar” o “incitar a delitos contra la salud” para enfrentar el #COVIDー19. Es una figura amplia y vaga que amenaza crítica de políticas o información periodística (1/2)
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) April 11, 2020
“La Relatoría expresa una grave preocupación por la aprobación del decreto en Bolivia, que sanciona con prisión ‘desinformar’ o ‘incitar a delitos contra la salud’ para enfrentar el Covid-19”, dice a través de su cuenta de twitter difundida este sábado.
El Decreto Supremo 4200 en su artículo 13, parágrafo II, señala que “las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.
Al respecto la Relatoría señala que esa figura “es amplia y vaga que amenaza crítica de políticas o información periodística”.
Crear figura para criminalizar la incitación o desinformación sobre salud y por decreto no cumple con los requisitos del Art. 13 de la Convención. Esperamos que #Bolivia rectifique. También advertimos que otros países desempolvan figuras penales por #COVIDー19. Vamos a analizarlo https://t.co/k4BK5JTH9f
— Edison Lanza (@EdisonLanza) April 11, 2020
El pasado martes la institución internacional Human Rights Watch (HRW) se pronunció en igual sentido ante lo Procuraduría General del Estado (PGE) respondió señalando que el decreto de Jeanine Añez “es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho y que “la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia”.
Este sábado el director de la HRW José Miguel Vivanco calificó la posición boliviana de errada porque la Procuraduría recuerda que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y su “regulación debe perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional”.
Si bien hasta ahora se no se abrieron procesos penales por desinformación, hay más de 26 personas que fueron condenadas a 2 o 3 años de cárcel por desobedecer la cuarentena total instituida mediante decreto supremo 4200.
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