Ciudadanía no respalda a “juristas independientes” para logar referéndum judicial

La Paz, 25 abril 2023

El grupo denominado “juristas independientes” informaron que no lograron su objetivo de recabar el millón y medio de firmas que requerían para viabilizar un referéndum para la reforma judicial.

“Hemos logrado la adhesión de 833.115 personas a la propuesta ciudadana”, confirmó el jurista y exmagistrado José Antonio Rivera.

Los abogados “independientes” tenían hasta el pasado 23 de abril la tarea de recolectar un millón y medio de firmas.

Tras 90 días de campaña, este grupo de juristas independientes, nutrido por expolíticos, logró la adhesión de un total de 833.115 personas, pero no llegó a la meta de 1.500.000.

Este grupo fue dirigido por el exjefe de la desaparecido Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, quien pretendía viabilizar un referéndum de reforma parcial de la Constitución Política del Estado en el tema de justicia, como en la elección de las más altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

¿Quiénes son los “juristas independientes”?

Juan Del Granado fue electo diputado por el Movimiento Bolivia Libre (MBL) que cogobernó junto a Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Sánchez de Lozada, prófugo de la justicia por genocidio, impulsó en su primer gobierno (1993-1997) la privatización de empresas públicas y, posteriormente, fue sentenciado por la masacre sangrienta de octubre de 2003, la cual tuvo un saldo de al menos 67 personas fallecidas.

Del Granado también militó en el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora y formó el Movimiento Sin Miedo (MSM) en 1999.

Kathia Saucedo, fue viceministra durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada. La abogada también trabajó como asesora de Waldo Albarracín, el cual participó el 10 de noviembre de 2019 en la reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) donde se definió entregar el poder a Jeanine Áñez.

En tanto, José Antonio Rivera Santivañez fue designado como magistrado del Tribunal Constitucional durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Fue uno de los primeros en señalar que Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, debía asumir la presidencia del Estado, por fuera de lo que establece la Constitución y los reglamentos del Legislativo.