Sociedad
Comerciantes de La Ramada y Plan 3000 no acataran el paro cívico del lunes
No queremos paro ni bloqueos convocados por los dirigentes cívicos. En estos tiempos difíciles necesitamos trabajar y vamos a ir a nuestros puestos para ganar nuestro sustento diario.
Santa Cruz, 10 de octubre 2021
Al menos dos sectores gremiales de Santa Cruz no están de acuerdo con acatar el paro cívico nacional, convocado para el 11 de octubre en rechazo el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, además de otras demandas de cariz político. Un grupo de comerciantes del mercado La Ramada y otro del Plan 3.000 piden que les permitan trabajar y exigen respeto a sus derechos.
No queremos paro ni bloqueos convocados por los dirigentes cívicos. En estos tiempos difíciles necesitamos trabajar y vamos a ir a nuestros puestos para ganar nuestro sustento diario con normalidad, esperamos que no nos amedrenten y nos dejen trabajar”, dijo el dirigente de La Ramada, Jaime Flores.
En la misma línea los comerciantes del Plan 3.000 anunciaron que no sólo en el mercado sino en toda esta ciudadela se trabajará con normalidad y no se acatará el paro que lo califican de político y con un fin de desestabilización al actual gobierno.
“Quienes ostentan grandes fortunas no quieren ser investigados y promueven un paro que nos perjudica a quienes vivimos del día a día. Ese día saldremos a realizar nuestras actividades y en el mercado todo será normal esperemos que (Luis Fernando) Camacho, no mande a sus matones a provocarnos”, dijo gremialista, MIrko Soria.
Según los comerciantes del Plan 3.000 hay gente con mucho dinero que se arroga la representación gremial que impulsa el paro porque no quieren ser investigados de sus grandes fortunas que han conseguido con mercadería ilegal producto del contrabando.
“Estos dirigentes que se aliaron a los cívicos no hacen más que cuidar sus intereses porque saben bien el origen de su dinero que es ilegal e ilegítimo. Ellos se alimentan de muchos minoristas ilegales que invaden las calles y rotondas en desmedro de nosotros que pagamos patentes a la Alcaldía”, dijo por su parte el dirigente, Jorge Quispe.
La Asamblea Legislativa Plurinacional decidió suspender el tratamiento de la mencionada norma e inició un proceso de socialización con diferentes sectores para explicar sus alcances. //Bolivia al Día
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