Un matrimonio de nacionalidad boliviana fue condenado por explotar laboralmente a dos compatriotas en la ciudad de San Martín de los Andes en 2016.

Durante el juicio quedó acreditado que la pareja se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de dos mujeres bolivianas, quienes aceptaron dejar su país y a sus hijos para trabajar en Argentina.

En un juicio realizado los días 24, 25 y 27 de junio y 3 y 5 de julio, el juez federal de Neuquén Orlando Coscia condenó a Ronald Alcides Viza Cruz (46) a la pena de 5 años de prisión efectiva y a Elia Morales Plata (39) le dictó 2 años y 6 meses en suspenso, como autor y partícipe secundaria en el delito de trata de personas, respectivamente.

Los acusados se habían radicado en Argentina en el 2007 y luego se instalaron en San Martín de los Andes, donde abrieron tres locales comerciales. “La forma de contratación siempre fue igual con todas las personas, por confianza”, sostuvo la defensa de los condenados.

Por su parte, la fiscalía hizo hincapié en que el matrimonio “captaba” a las empleadas en su país natal a través de avisos publicitarios en periódicos locales.

“Acá se trata de dos mujeres en condiciones de precariedad, a quienes les ofrecen un trabajo y ven la posibilidad de juntar dinero para sus hijos. Aceptan y viajan en distintos momentos junto a sus patrones. Cuando llegan acá, esas condiciones originales cambian”, destacó el fiscal federal José Nebbia, y detalló que una de ellas tiene 34 años y es madre de cinco hijas, mientras que la otra dejó a su marido enfermo y a un hijo.

El fiscal destacó que la situación de explotación laboral saltó a la luz luego de que, en marzo de 2016, una de las dos mujeres concurriera al hospital local por un dolor en el estómago.

“Los imputados no la acompañaron ni le dijeron dónde estaba el hospital. Ella llegó preguntado a la gente en la calle. Cuando volvió a la casa, la imputada se enojó porque ella le comentó que en el hospital había dicho donde trabajaba, le refirió que tendría que haber dicho que era turista”, relató el fiscal, en clara referencia a que la pareja intentaba ocultar la situación de precariedad en que se encontraba la víctima.

Días después, se dispuso un allanamiento en el que rescataron a las víctimas y detuvieron al matrimonio, que fue imputado en la causa.

Durante el juicio también se develó que la propuesta original de trabajo era por un sueldo mensual de 600 dólares, pero que nunca se les fue entregado en su totalidad.

Por el contrario, las mujeres solo recibían dinero cuando pedían para enviar a sus familiares en Bolivia, el resto era retenido por los empleadores.

“Las víctimas realizaban tareas y no percibían a cambio la remuneración que por ley les correspondía, siendo la metodología una ilegítima imposición del patrón a sus empleados, no pactada de manera previa con las víctimas”, resaltó el juez Coscia.

Por último, también dejó en claro que fueron “obligadas a mentir a las autoridades migratorias a su ingreso al territorio nacional”, al tener que decir que eran turistas y no que venían por trabajo.

De acuerdo con los elementos que se conocieron en el juicio, una de las víctimas fue explotada durante 14 días y la otra, 52. En ese período, padecieron el accionar de sus patrones.