Conozca cómo se elaboró el informe del Estado de Situación de la Violencia Hacia las Mujeres

La Paz, 22 de mayo 2021

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional socializará en todos los departamentos del país, el Informe del Estado de Situación de la Violencia hacia las Mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia, que contiene aproximadamente mil propuestas sistematizadas para la modificación participativa de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348). Además de un diagnóstico respecto a la situación de las entidades del Estado que atienden la temática.

“Creo firmemente como abogado y Ministro en el desafío de discutir una reforma integralmente, para profundizar la despatriarcalización y la construcción de una sociedad de iguales entre hombres y mujeres, pero construida desde abajo, con la gente y las víctimas”, subrayó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, a través del documento de sistematización.

Esta cartera de Estado a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), la Dirección General de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional, y el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (SEPMUD), por mandato del Decreto Supremo 4399 del 25 de noviembre de 2020, entre el 17 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021 realizó el proceso de recolección de más de mil propuestas que ahora se constituyen en la base del diagnóstico situacional presentado este lunes rumbo a la modificación colectiva de la Ley 348.

En el documento de sistematización se puede encontrar desde el nivel de participación de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en el proceso de recolección de propuestas, hasta cifras y datos respecto a la situación. Además de los diez ejes identificados que requieren mayor discusión y consensos mínimos sobre los que podría recaer la reforma.

El proceso está contemplado en tres fases: la de movilización y escucha; la de sistematización de información; y la de análisis y elaboración de documentos.

Durante la primera fase se recibieron 60 propuestas de 448 organizaciones muchas de ellas reunidas en alianzas, redes, coaliciones o colectivos; 20 propuestas emergieron de 80 organizaciones sociales de diversa índole; 677 testimonios particulares fueron recibidos por medios electrónicos; y 243 participaciones particulares fueron recolectadas a través de encuestas en vía pública. La suma total muestra que 2.568 personas participaron activamente, dando a conocer sus propuestas y planteamientos.

De acuerdo a las propuestas recolectadas, el diagnóstico no concluye sugiriendo la elaboración de una ley distinta, más bien propone realizar ajustes a la Ley 348 superando los cuellos de botella para su correcta aplicación e incorporando aspectos para mayor precisión de las regulaciones. Las propuestas recolectadas permitieron, principalmente, identificar los principales problemas y establecer lineamientos necesarios para el abordaje integral de la problemática.

“Hemos desarrollado un proceso participativo amplio, en el que en primer lugar deseo agradecer a las personas que participaron y que nos han demostrado y enseñado que la problemática invisible y silenciosa sobre la violencia hacia las mujeres tiene distintas aristas que van más allá de la noticia, de una vida perdida, de un fiscal que no cumple el procedimiento o un juez que no cumple el plazo procesal”, indicó la autoridad.

El diagnóstico fue realizado en tiempo récord y por un equipo multidisciplinario, el mismo, refleja problemas latentes manifestados en la sociedad y refleja el nivel de incumplimiento de responsabilidades del Estado en todos sus niveles de gobierno, como la falta de asignación presupuestaria para prevenir, atender y sancionar la violencia cometida por razones de género.  Además muestra demandas, entre algunas, la de incrementar las políticas asertivas que promuevan la independencia económica con acciones que permitan el acceso al ámbito laboral en igualdad de condiciones, entre otras.

Asimismo, el documento revela que hay formas de violencia que no han sido reconocidas por la Ley 348, como la violencia digital y la violencia obstétrica. También refleja la preocupación por los niveles de retardación de justicia; y la necesidad de contar con el sistema de información y seguimiento interoperable, que permita acceder a los datos actualizados y hacer seguimiento a los procesos penales.

También se establece que existe debilidad institucional por la alta rotación de personal en la fase inicial de investigación penal, tanto en la FELCV, como en el Ministerio Público. Por otro lado se hace notar la inexistencia de uniformidad en atención de denuncias en entidades territoriales autónomas.