Sociedad
Defensoría condena hechos de violencia en Chushuara y exige al INRA, AJAM y Policía Boliviana intervenir inmediatamente
Según información de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el área hay 24 solicitudes de contrato administrativo minero, pero ninguno fue consolidado; por lo tanto, cualquier actividad minera que existiese en el lugar es ilegal.
La Paz, 30 de marzo 2022
La Defensoría del Pueblo repudia los hechos de violencia en la localidad de Chushuara, del municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo de La Paz, suscitados ayer por conflictos de tierra, intereses mineros y problemas orgánicos de las organizaciones sociales. La institución defensorial verifica la información sobre la posible existencia de 15 personas heridas y siete retenidas, como producto de esos enfrentamientos.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha informado que el proceso de saneamiento en Chushuara ha sido paralizado; pese a que existe una Sentencia Agraria Nacional S1 N°010/2011 del Tribunal Agroambiental, que el INRA debió dar cumplimiento. Oportunamente debió elevar un informe de conclusiones técnico-jurídico para verificar el derecho a la propiedad agraria en esa zona, así como verificar el cumplimiento de las medidas precautorias en el área, pero ambas acciones no fueron realizadas en más de 11 años, lo que desembocó en problemas de posesión de tierras entre tres grupos.
Luego de tres procesos de diálogo propiciados por la Defensoría del Pueblo, desde octubre de 2021, se ha identificado que existen intereses sobre recursos mineros de la zona, lo que agrava el conflicto. Según información de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el área hay 24 solicitudes de contrato administrativo minero, pero ninguno fue consolidado; por lo tanto, cualquier actividad minera que existiese en el lugar es ilegal.
La Defensoría del Pueblo exige al INRA departamental de La Paz cumplir con sus obligaciones diligentemente, en apego a las normas correspondientes y en el marco de los lineamientos del INRA nacional para realizar un trabajo técnico-jurídico. Y demanda a la AJAM que realice inspecciones en la zona ante la posible existencia de actividad minera ilegal.
Además, exhorta a todas las instituciones llamadas por ley a no generar acuerdos por fuera de las normas sobre Tierra y Territorio, Minería, Medio Ambiente, y exige que se respeten los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas y la Madre Tierra.
La Defensoría del Pueblo solicita a la Policía Boliviana Nacional el despliegue de efectivos para controlar el enfrentamiento y demanda al Ministerio Público que investigue estos hechos violentos, que atentan contra los Derechos Humanos.
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