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Sociedad

Defensoría del Pueblo restituye derechos vulnerados en más del 64% de las denuncias investigadas

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(El Alto-La Paz) La Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2019, restituyó derechos vulnerados en el 64,31% del total de las denuncias investigadas; en los casos en los que se evidenció la vulneración y no se consiguió que la Autoridad señalada como vulneradora subsane los hechos denunciados se emitieron al menos 10 resoluciones defensoriales con recomendaciones, recordatorios y sugerencias, para la restitución de derechos y cumplimiento de normativa en casos denunciados o abiertos de oficio referidos a violencia sexual, interrupción legal del embarazo, derecho a la petición, pago de salarios a consultores, derecho a la identidad en un centro de formación superior, acoso laboral, derechos de niña, niño y adolescente, condiciones materiales de unidades educativas, trabajo sexual, debido proceso y acceso a la justicia, entre otros.

En los primeros seis meses de esta gestión, asimismo, registró un importante incremento en la atención de casos que llegaron a 5.779 en relación a igual periodo durante el pasado 2018, cuando sumaron 4.793, lo que significa un aumento de 986 denuncias, mismo que responde al fortalecimiento institucional que se emprendió a partir de la presente gestión y que ha derivado en generar mayor confianza en la población para que ésta recurra a la entidad.

El Alto y La Paz, son las oficinas defensoriales que concentraron una mayor cantidad de casos atendidos, 1.773 y 1.437, respectivamente, seguidas de Cochabamba con 519; Santa Cruz 377; Tarija 287; Potosí 275, Oruro 232; Chuquisaca 224; Beni 101; Pando 66; además de las registradas en las coordinaciones regionales y las denuncias de bolivianas y bolivianos en el exterior.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que esta tendencia en el aumento de la cantidad de casos atendidos, lleva a proyectar que la gestión 2019 cerrará con una cantidad superior a la registrada el año pasado que alcanzó a 9.665; lo que será un reflejo de las acciones desarrolladas con el Plan 175 al Encuentro con el Pueblo que se implementa desde junio pasado, con el objetivo de llegar a municipios del área rural más alejados con información y sensibilización sobre el trabajo defensorial que ha derivado en que la población acuda y presente sus denuncias.

Entre los derechos que más fueron denunciados se encuentran Garantías del debido proceso y acceso a la justicia; Derechos laborales; Petición y respuesta; Integridad personal; Exigir responsabilidad sobre los actos de la administración pública; Educación; Salud; Identidad; Propiedad privada individual y patrimonio; Seguridad social; Vejez digna, trato preferente; Libertad y seguridad;  Acceso a la información pública; Derecho al hábitat y la vivienda; Protección de y en la familia; Igualdad y no discriminación; Derecho a la comunicación y a la información; Dignidad; Acceso a los servicios básicos; Protección para el desarrollo integral de NNA y Agua.

Las instituciones más denunciadas por vulneración de derechos fueron los gobiernos autónomos municipales en primer lugar, seguidos del Órgano Judicial, direcciones departamentales de educación; Policía Boliviana, Ministerio Público, SEDES, Caja Nacional de Salud, Dirección General de Régimen Penitenciario, Ministerio de Educación, Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), Ministerio de Gobierno, FFAA, Universidad Mayor de San Simón y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Se debe destacar también, durante este primer semestre de 2019, la emisión o publicación de varios informes defensoriales sobre la situación del cumplimiento y ejercicio de derechos que involucran a poblaciones en situación de vulnerabilidad como el de Rol Estatal en el Control de Documentos como Mecanismo de Prevención de la Trata y Tráfico de Niñas, Niños y Adolescentes; “Volcar la Mirada a las Cárceles; y Estado de Cumplimiento de las Medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en el Marco de la Ley N° 348.

Así también, en el ámbito académico, se trabajó en la elaboración e impresión de compendios normativos sobre derechos de niñez y adolescencia, y personas adultas mayores, trata y tráfico de personas y un glosario sobre derechos humanos.

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