Defensoría dice que durante la primera ola del COVID-19, la respuesta estatal fue insuficiente e inoportuna

(Infodiez-15/01/21)

La Defensoría del Pueblo advierte que, durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19, la respuesta estatal fue insuficiente e inoportuna, según el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”, elaborado con información obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019.

“La respuesta estatal no fue oportuna en cuanto a medidas de prevención y atención COVID-19, pues el primer caso se presentó el 10 de marzo de 2020 y la ley nacional de acciones de prevención, atención y tratamiento de pacientes con COVID-19 data del 1 de abril de 2020”, indicó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Para la autoridad, la política de prevención contra la COVID-19, aplicada por la anterior gestión de gobierno, generó temor en la población, pues convirtió la protección de un bien jurídico, como es la salud pública, en un discurso que justificaba la instrumentalización del derecho penal. Así, dijo, el resultado fue la apertura innecesaria de 1.337 causas penales y el arresto de 50.824 personas.

También alertó que la prevención contra la COVID-19 en el área rural ha tenido un alcance limitado y que el Estado afectó y puso en riesgo la integridad, vida y salud de las naciones y pueblos originarios campesinos. Asimismo, señaló que la exclusión de los centros de salud de primer nivel generó un colapso en el segundo y tercer nivel de atención.

El informe defensorial también contempla una serie de recomendaciones a las autoridades del actual gobierno, entre las que la Defensora destacó que se debe “incorporar la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) a las medidas de prevención y atención de la COVID-19 e incluir a los establecimientos de primer nivel de atención en la prevención, atención y tratamiento de la pandemia”.

También dijo que se debe modificar la Norma Técnica de Procedimientos de Bioseguridad para la prevención del contagio COVID-19, para incorporar medidas dirigidas a poblaciones altamente vulnerables, particularmente a las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

“Hay que elaborar una normativa que se adecue a la excepcionalidad para la adquisición de equipos de bioseguridad, mobiliario, medicamentos, insumos, reactivos, equipamiento y la contratación de recursos humanos para los establecimientos de salud”, enfatizó la autoridad.

Además, demandó que es necesario “dotar de ventiladores para las UTIs a los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel de atención, bajo las características técnicas recomendadas por la OMS e instancias científicas” y garantizar la dotación y distribución de oxígeno para el Sistema Nacional de Salud.

La Defensora indicó que se debe asegurar el abastecimiento de los medicamentos para el tratamiento de COVID-19 en el mercado interno, así como elaborar un protocolo de intervención para los rastrillajes a fin de uniformar el objetivo y las acciones asumidas.

En las conclusiones del informe, también se establece que el Ministerio de Salud, durante la primera ola de la COVID-19, no ha promovido ni realizado estudios científicos para el uso de medios alternativos de tratamiento de la COVID-19, lo que generó que la población use estos medios sin una regulación necesaria y de manera indiscriminada.

Otro aspecto que contempla el documento, es que en la gestión pasada hubo una falta de regulación de los aranceles del subsector privado lo que ha vulnerado el acceso a la atención de salud. Esa ausencia permitió que los actores privados, amparados en una desigual libertad contractual, cometan abusos y arbitrariedades al momento de aceptar o recibir pacientes que adolecían de este virus.