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Sociedad

Defensoría halla condiciones inhumanas en cárceles de Mocoví, Riberalta y Guayaramerín

personas privadas de libertad

La Paz, 4 de marzo de 202

La Defensoría del Pueblo encontró condiciones infrahumanas en el centro penitenciario de Mocoví, en Trinidad y en las carceletas de Riberalta y Guayaramerín, en el Beni, debido al hacinamiento, falta de pago de prediarios, falta de dotación de agua potable y ausencia de personal médico, agravadas por la situación de pandemia que atraviesa el país.

“Las condiciones en las cuales habitan las personas privadas de libertad (PPL) de la carceleta de Riberalta son inhumanas e incompatibles con la dignidad humana, agravándose en el contexto de la COVID-19 toda vez que los ambientes higiénicos y el saneamiento mínimo son primordiales para evitar contagios y brotes de la enfermedad”, señala la Resolución Defensorial DP/RD/RIB/1/2021 emitida este 3 de marzo.

Esta Resolución es el resultado de una serie de intervenciones defensoriales en esos tres recintos penitenciarios desde el pasado año, que incluyeron verificativas, requerimientos de información escritos y gestiones directas en esos lugares, aunque éstas últimas fueron desatendidas por las autoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Respecto a los prediarios, la Defensoría del Pueblo constató que el Gobierno Autónomo Departamental del Beni no asignó presupuesto suficiente para el pago de prediarios de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, además de enero y febrero de la presente gestión; para las y los privados de libertad de Mocoví y de las carceletas públicas de Riberalta y Guayaramerín.

Esta situación generó que el 1 de marzo de 2021, los internos de estos recintos carcelarios se amotinen de forma simultánea, conflicto en el que intervino la Delegación Defensorial del Beni, que realizó  gestiones ante la Secretaria Departamental de Finanzas y Secretaria de Planificación del Gobierno Departamental, logrando que se prioricen los recursos para el Programa de Régimen Penitenciario y la cancelación de prediarios hasta diciembre de 2020, pago que se hizo efectivo este 3 de marzo.

La Institución Defensorial, también evidenció “deficiencias en la provisión de agua potable a las personas privadas de libertad (PPL) de los centros penitenciarios del departamento del Beni, situación agravada por la pandemia de la COIVD-19. “El ex Director Departamental de Régimen Penitenciario no consideró ni cumplió, ya que no extremó esfuerzos ni asumió ninguna otra medida con carácter de urgencia para efectivizar la provisión de agua potable a las PPL de la cárcel de Mocoví y carceleta de Riberalta”, denuncia la Resolución Defensorial.

En este caso, la Defensoría del Pueblo constató  que el Gobierno Departamental no presupuestó los recursos necesarios y suficientes para pagar este servicio, ya que solamente tenía disponibilidad financiera hasta julio de 2020.

Otro aspecto que llamó la atención fue el hacinamiento en la carceleta de Riberalta, que alberga a 223 personas privadas de libertad (215 varones y 8 internas) en una infraestructura que tiene una capacidad para 80 personas, lo que  refleja una sobreocupación del 171%.

Además, las condiciones en las que viven estas personas son inhumanas, pues dichas instalaciones “presentan humedad, filtraciones de agua en los techos, paredes rajadas, tuberías del alcantarillado con filtración por donde gotean aguas servidas sobre las camas de los internos; aspectos que develan que las condiciones en general son inadecuadas, inhabitables e insalubres”, señala la Resolución.

Pese a que estas condiciones son propicias para la propagación del coronavirus, las autoridades de  Régimen Penitenciario, pese la solicitud de la Defensoría del Pueblo, no han trasladado a los internos a la nueva infraestructura carcelaria ubicada en Riberalta, la cual reúne condiciones mínimas de habitabilidad.

La Defensoría también constató el abandono del personal médico de estos centros de reclusión. “La ausencia del médico en la carceleta pública de Riberalta no solamente constituye un abandono de funciones, sino que atenta contra el derecho a un nivel de vida adecuada que asegure a las PPL, salud y la asistencia médica, oportuna, eficiente y de calidad, más aún en tiempo de pandemia”, se indica en la Resolución.

Frente a estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones, al  Gobierno Autónomo Departamental del Beni, a realizar las gestiones administrativas necesarias y de manera pronta, a fin de regularizar el pago de prediarios adeudados a las personas privadas de libertad, correspondientes a la gestión 2020 y 2021, y  procesos sumarios administrativos en contra del Secretario Departamental de Planificación y Secretario Departamental de Finanzas por no programar y no asignar el presupuesto suficiente para ese efecto.

Al Ministerio de Gobierno, a la Dirección General de Régimen Penitenciario y a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario del Beni, se recomienda coordinar y gestionar con el Gobierno Autónomo Departamental del Beni la entrega oportuna del presupuesto destinado al pago de prediarios de los centros penitenciarios del departamento; realizar las gestiones necesarias inherentes al mantenimiento y reparación de la infraestructura e instalación eléctrica de la carceleta de Riberalta, así como inspeccionar periódicamente los establecimientos penitenciarios de esa región.

A la Asamblea Legislativa Departamental, fiscalizar a la Secretaria Departamental de Planificación y a la Secretaria Departamental de Finanzas de esa región.

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