Defensoría pide al Gobierno diversificar medios educativos y garantizar la equidad digital para la actividad educativa

(Infodiez-27/04/20)

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno encarar, a la brevedad posible, el proceso de retorno a la actividad educativa, con la participación plena y efectiva de docentes, padres y madres de familia, y estudiantes, que tome en cuenta la diversificación de estrategias y medios educativos a distancia y garantice la equidad digital para maestros y el alumnado.

“En este periodo de emergencia sanitaria, la educación a distancia como un pilar para el retorno a clases, puede ser una realidad, aunque se debe tomar en cuenta los parámetros para la continuación de una educación que refleje un modelo democrático y de acceso a todas y todos estudiantes, considerando la diversidad y las necesidades diferenciadas de las niñas, niños y adolescentes”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Las actividades escolares se encuentran suspendidas, a nivel nacional, desde el pasado 12 marzo, tras conocerse los primeros casos de COVID-19.

La Autoridad considera importante que el Gobierno, a la brevedad posible, debe encarar el proceso de retorno a la actividad educativa, en coordinación con todos los actores competentes y garantizando la participación plena y efectiva de niñas, niños y adolescentes; en ese marco, dijo que la Defensoría del Pueblo plantea una serie de aspectos y recomendaciones como el diversificar estrategias y medios educativos a distancia, para no depender únicamente de las que se imparten a través de internet.

Estos aspectos y recomendaciones, precisó, fueron elaborados por la institución defensorial a partir de los “Componentes para una respuesta integral del sector educativo de América Latina frente al COVID-19”, elaborados por la Coalición Mundial para la Educación Inclusiva formada por la UNESCO, y las recomendaciones de este organismo que contempla estándares recomendados por la International Society for Technology in Education.

Cruz dijo que también se recomienda acudir a vías y medios de comunicación masivos y locales, como la radio, la televisión y los periódicos para alcanzar a las comunidades más alejadas y a las familias que no cuenten con conectividad; y garantizar la equidad digital a través de la dotación de equipos de tecnología digital a maestros y estudiantes, ampliar la cobertura de internet, gratuidad y reducción de costos de este servicio y contar con programas y aplicaciones que funcionen en diferentes equipos tecnológicos.

Según datos INE, en 2018 sólo el 24,9% de 3.464.864 hogares en Bolivia tenía acceso a una computadora, el 16,2% de éstos con acceso a internet, el 81,2% a televisor y el 43,9% a radio. En cuanto al uso de internet, el 14,3% de las personas entre 5 y 11 años lo utilizaban y el 61,9% de entre 12 y 18 años. El estudio “Estado de Situación del Internet en Bolivia”, de la ATT, muestra que al tercer trimestre de 2018, habían 9.596.575 conexiones a internet en redes móviles y fijas; sin embargo, este dato no refleja la cantidad de usuarios sino de conexiones.

Entre otros aspectos que la Defensora considera que el Gobierno debe tomar en cuenta, brindar servicios en línea, servicios telefónicos gratuitos, material informativo en físico y digital y otros, para brindar asistencia e información a educadores, padres, madres y responsables del cuidado de niñas, niños y adolescentes, sobre procedimientos para el acceso a la educación en el periodo de emergencia sanitaria.

También considera importante que se mantengan medidas sanitarias necesarias en el ámbito educativo para proteger la vida y la salud de las y los estudiantes; garantizar una comunicación efectiva, clara y oportuna, dirigida a toda la comunidad educativa; así como diseñar planes que se anticipen a posibles impactos del cierre de unidades educativas, rezago o abandono escolar; y programas de nivelación académica.

La implementación de programas educativos para poblaciones en especial situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, migrantes, naciones y pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes en instituciones de acogimiento, adolescentes trabajadores, y otras); garantizar la reorganización del calendario escolar, considerando la flexibilidad, bienestar de la comunidad educativa y los procesos de enseñanza y aprendizaje; y flexibilizar los procesos y calendarios de evaluación educativa y estandarizada e implementar medios informativos sobre el aprendizaje durante este periodo, son otras recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.

En caso de un retorno presencial a clases de forma escalonada, Cruz manifestó que el Gobierno debe prever mecanismos financieros y operativos para garantizar instalaciones sanitarias en unidades educativas, con el fin de contener reinfecciones; fortalecer protocolos de prevención y seguridad sanitaria del COVID-19, como la «Guía para facilitadores y facilitadoras del programa de promoción de hábitos saludables» presentada por el Ministerio de Educación; coordinar con los gobiernos autónomos municipales para asegurar la continuidad de los servicios de alimentación escolar; y proteger los derechos laborales del personal docente, directivo y asistentes de la educación, en particular del personal con contratos temporales.