Defensoría rechaza hostigamiento a autoridades electorales y llama a garantizar derechos políticos

La Paz, 30 de mayo 2025

La Defensoría del Pueblo expresa su máxima preocupación por la escalada de discursos beligerantes en la situación de conflictividad que atraviesa el país por la crisis económica y el contexto pre electoral.

A través de medios de comunicación y redes sociales, se tomó conocimiento de declaraciones de un dirigente del sector movilizado en la ciudad de La Paz, quien afirma haber identificado a supuestos “traidores de la Patria” y los responsabiliza de la situación de conflictividad; advirtiendo con radicalizar acciones en caso de que las personas aprehendidas, durante la movilización de protesta en la víspera, no sean liberadas. Asimismo, en las últimas horas se conoció el reporte policial sobre la presencia de un grupo de personas en inmediaciones del domicilio de un vocal del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba donde habrían realizado la explosión de petardos.

En el marco de lo previsto por el Articulo 14.1 de la Ley N° 870, la Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente cualquier acto de amenaza a la integridad de cualquier persona, así como hostigamiento a autoridades del Órgano Electoral y exhorta a los sectores movilizados puedan alinear su accionar a las vías legales y democráticas, respetando la institucionalidad e independencia de los órganos del poder público.

Es menester recordar que las amenazas con afectar la integridad física de otra persona, así como obstaculizar el cumplimiento de las funciones públicas están reñidas con lo dispuesto en la legislación boliviana; por ello, es fundamental enmarcar toda acción en respeto de la normativa vigente.

Asimismo, se recuerda a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral su obligación constitucional de promover la legalidad, independencia, imparcialidad, certeza, transparencia, interculturalidad, paridad y equidad de género en todo proceso electoral. Se debe garantizar a la población boliviana la realización de las elecciones generales de agosto de 2025 de manera íntegra, transparente y competitiva.

En el marco de sus atribuciones, la Defensoría del Pueblo continuará con el monitoreo y acompañamiento al desarrollo del calendario electoral. De igual forma, fomentará espacios de reflexión e intercambio de opiniones respecto a la relevancia del ejercicio de los derechos políticos de las y los bolivianos, reiterando al Estado su obligación de garantizar los mismos para la consolidación del sistema democrático nacional.