Sociedad
Denuncian despidos injustificados y otros abusos contra periodistas
(Infodiez-5/10/20)
En los recientes tres meses, 500 trabajadores de la prensa fueron despedidos desde julio pasado, de los medios de comunicación, gubernamentales y privados, en los que además se cometen abusos como salarios atrasados por deudas impagas por deuda de publicidad del gobierno.
El comunicador e investigador, Edgar Ramos Andrade reveló el dato en conferencia de prensa realizada en puerta de la Fiscalía, donde precisó las cantidades de trabajadores, asalariados despedidos y productores independientes impagos.
“Del periódico Bolivia fueron cesados 65 trabajadores sin Memorando o sea fuera de la Ley, y la lista incluye a trabajadores amparados por inamovilidad, sea por embarazo o por discapacidad. Eso no respetó la entonces ministra de Comunicación, Isabel Fernández”, explicó Ramos Andrade
La Red Patria Nueva cesó a 43 trabajadores, ABI 10 y Bolivia TV ronda los 50, argumentó el periodista, que realizó la denuncia fuera de su horario de trabajo en un organismo estatal y en su condición de defensor de periodistas a nivel internacional.
En medios privados, el panorama es igual o peor. “La empresa de los periódicos La Razón, Extra y Gaceta Jurídica despidió a 97 trabajadores, y la red Abya Yala Televisión otros 150 trabajadores”. En ambos casos hubo un drástico corte de pauta publicitaria”, precisó Ramos Andrade.
“Lo delicado es que las dificultades, tanto empresariales como los problemas estatales y políticos afectan a los trabajadores de la prensa, que tienen familia y están en situación de incertidumbre. Y en la estadística inicial, faltan otros medios y estamos recogiendo datos”, indicó.
Ramos Andrade adelantó que los datos y documentos se entregarán a organismos de defensa de periodistas: Reporteros sin Fronteras rsf.org, Federación Internacional de Periodistas FIP, Comité para la Protección de los Periodistas CPJ, Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa INSI, Instituto Internacional de la Prensa IIP, y al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
El comunicador solicitó una Rendición Pública de Cuentas del Viceministerio de Comunicación, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y no descartó hacer una representación conjunta ante la Fiscalía, y al Defensor del Pueblo, para la investigación pertinente.
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