El MAS en el Senado aprueba Ley de Garantías Constitucionales

Los senadores de UD y del PDC abandonaron la noche de este viernes la sesión del Senado cuando el MAS empezó el tratamiento de la ley de Garantías Constitucionales para víctimas y movilizados nacionales y extranjeros en los conflictos de noviembre. Los legisladores del MAS aprobaron la norma que debe garantizarse la plena vigencia de derechos para los líderes sociales, cívicos y políticos, además para las personas movilizadas del campo y la ciudad.

La iniciativa legal fue devuelta a Diputados, instancia donde se aprobó el 6 de diciembre, porque hubo modificaciones. El gobierno de Jeanine Áñez rechazó la norma y advirtió con no promulgarla cuando fue aprobada en Diputados con el argumento de que implicaba impunidad para las exautoridades de Gobierno y dirigentes vinculados con delitos.

El parágrafo primero del artículo 7 establece: “El Estado, a través  de sus órganos y sus  institucionales competentes garantizarán el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para los bolivianas y bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia, comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”.

El parágrafo siguiente añade: “Las bolivianas y bolivianos, los extranjeras y extranjeros  residentes en Bolivia para el resguardo efectivo de sus derechos que consideren estén siendo vulnerados, amenazados, hostigados o consideren que su vida,  integridad física y/o sus bienes estén en riesgo, a sola denuncia verbal o escrita ante autoridad competente deberán  activar de manera inmediata las acciones necesarias, pertinentes y eficaces”.

La presidenta del Senado, Eva Copa, explicó que la aprobación de la ley da cumplimiento a los acuerdos alcanzados en las negociaciones para pacificar el país.

«Es importante para nosotros dar cumplimiento a estos acuerdos en torno a poder garantizar a las personas que han perdida seres queridos una indemnización adecuada, dar atención adecuada a las personas heridas que hasta hoy no la tienen, garantizar que no va haber persecusicón política para nuestros dirigentes y liberar a las personas detenidas que no han tenido un debido proceso. Esta es la solución para pacificar el país y no haya más conflictos», sostuvo Copa.

Después de las elecciones anuladas del 20 de octubre y tras la dimisión de Morales, el 10 de noviembre, se desataron una serie de hechos de violencia que acabaron con más de 30 muertos, la mayoría en Sacaba y Senkata, donde intervinieron fuerzas policiales y militares. Dirigentes y políticos son acusados de promover la violencia. Hay varios procesos por sedición y terrorismo.

Senadores como Óscar Ortiz abandonaron la sesión cuando el MAS empezó a tratar la norma legal cuestionada por Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). La iniciativa legal también establece la libertad de expresión y el resarcimiento para los familiares de los muertes y heridos, sin que ello impida que puedan acudir a instancias nacionales o internacionales.

«Nos retiramos de la sesión del Senado en protesta por el tratamiento directo del proyecto de ley de garantías constitucionales. Impugnaremos esta sesión por vicios de nulidad. La Comisión de Constitución q presido, no presentó informe, requisito indispensable para su tratamiento», anticipó Ortiz.

El Gobierno aprobó el 5 de diciembre un decreto para otorgar un resarcimiento de Bs 50 mil ($us 7.184) para las familias de los fallecidos en el conflicto político-social que estalló en el país entre octubre y noviembre a raíz de las elecciones nacionales anuladas del 20 de octubre y la posterior renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre.

Quienes se beneficiaban perdían el derecho a hacer denuncias a nivel internacional, lo que fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Áñez descartó en varias ocasiones promulgar la ley tramitada y ahora aprobada en el Senado por considerar implicaba dar impunidad a exautoridades y dirigentes envueltos en delitos. No obstante varios constitucionalistas sugirieron que el Gobierno remita ese proyecto de ley a un control constitucional. Fuente: La Razón