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El PGE 2023 establece un incremento de 3,9% para Entidades Territoriales Autónomas y universidades públicas

Las cifras expuestas desmienten las declaraciones de la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Náyar, quien desinforma a la población sobre el PGE y sobre la estabilidad macroeconómica que tiene Bolivia.

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La Paz, 11 de diciembre 2022

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) reitera que el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 establece un incremento de 3,9% para Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y universidades públicas, cifra que alcanza a Bs17.734 millones, tal como lo explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, cuando expuso los indicadores del PGE 2023 en la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles 7 de diciembre.

Las cifras expuestas desmienten las declaraciones de la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Náyar, quien desinforma a la población sobre el PGE y sobre la estabilidad macroeconómica que tiene Bolivia, lo cual refleja una falta de conocimiento sobre la economía en general y la del país en particular puesto que entidades internacionales especializadas en el área han destacado el manejo macroeconómico y la estabilidad boliviana.

El ministro Montenegro, en su exposición ante el pleno de la Cámara de Diputados, explicó además que el PGE 2023 contempla un total de Bs47.253 millones para el pago de sueldos y salarios, lo cual representa un incremento de 4,5% respecto al aprobado en 2022, explicado por el incremento del salario mínimo nacional e incremento salarial otorgado en 2022 en beneficio de la salud y educación, así como la creación de 2.840 nuevos ítems para trabajadores y profesionales en salud por crecimiento vegetativo y para hospitales de nueva creación; creación de 3.300 nuevos ítems para las unidades educativas a nivel nacional.

Del total Bs47.253 millones presupuestado para el pago de sueldos y salarios; los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), Programas de Salud y Magisterio Fiscal reciben el 46,9%; la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas reciben el 11,2%; entre las Entidades Territoriales Autónomas y las Universidades se concentra el 17,6%; las instituciones de Seguridad Social representan el 7,5%; las Empresa Públicas representan el 6,7%; otras entidades públicas donde se encuentran Órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades desconcentradas y descentralizadas concentran el 10,1%; y el Órgano Ejecutivo solo representa el 2,5% de todo ese presupuesto.

Y como ya se había informado desde el Ministerio de Economía, para el Órgano Ejecutivo se tiene previsto Bs1.198 millones, lo que representa solo el 2,5 % del total.

En lo que corresponde a las Empresas Públicas, las mismas generan sus propios ingresos, que están destinados a financiar sus operaciones, realizar inversiones y cumplir con sus obligaciones financieras; por tanto, no reciben subvención del TGN para sus gastos operativos.

El PGE 2023 incorpora como “ingresos de operación” de las Empresas Públicas un monto de Bs61.111 millones por la venta de Gas, Urea, Electricidad (Generación, Transmisión y Distribución), Carbonato de Litio, Transporte Aéreo de Pasajeros, Productos Amazónicos, Productos Agrícolas, Tecnológicos, etc; cuyos gastos operativos por remuneraciones apenas alcanza a Bs3.718 millones, Bienes y Servicios por Bs43.137 millones, impuestos regalías, tasas por Bs14.332 millones e intereses de la deuda de Bs770 millones, permiten la generación de un balance fiscal corriente positivo de Bs17.897 millones, mismo que permite el cumplimiento de obligaciones financieras (amortizaciones) por un monto de Bs1.880 millones, así como el de inversiones y aportes a programas y proyectos sociales.

En relación a la deuda externa, el MEFP reitera que los créditos comprometidos se destinarán a todos los municipios del país mediante proyectos sociales, como la dotación de agua, proyectos productivos, riego tecnificado, maquinaria, entre otros programas de alianzas rurales y que profundizan la política de combate al cambio climático.

El financiamiento externo no se destina a ninguna empresa pública y su ejecución está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el Programa Empoderar y el Ministerio de Hidrocarburos.

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