Empresarios privados de Bolivia rechazan pagar el doble aguinaldo 

La CEPB reunió de emergencia la tarde del miércoles al Consejo Directivo que aglutina a las 36 entidades de la entidad para realizar un análisis de los efectos y consecuencias de la decisión del gobierno de pagar el doble aguinaldo en la presente gestión.  El evento fue encabezado por Ronald  Nostas, presidente de la entidad.

Mediante comunicado público, la CEPB ratificó su rechazo al segundo aguinaldo, al que consideran “una imposición injusta, distorsiva y política, cuya aplicación anual se basa en un índice inadecuado de crecimiento interanual y que ignora las profundas diferencias de crecimiento entre departamentos, sectores y empresas”.

Los privados además lamentan que, pese a las advertencias de todos los sectores y federaciones departamentales, a la evidencia de la crítica situación económica de las mypes y a la inconsistencia de las cifras que sustentan el crecimiento, “el gobierno decidió priorizar el cumplimiento del acuerdo con la COB, poniendo en peligro la estabilidad y sostenibilidad de una gran parte del sector privado boliviano”, afirman.

Comunicado en vivo

Asimismo, consideran que el pago del segundo aguinaldo, en circunstancias como las actuales de desaceleración económica, elevados déficit fiscal y comercial, disminución de las reservas internacionales, escasa inversión extranjera; además de altos niveles de informalidad y contrabando, “constituye una severa amenaza a la estabilidad, sostenibilidad y crecimiento de una gran parte del sector privado y por lo tanto del empleo digno y la inversión”.

COMUNICADO

El Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, reunido el día de hoy, con la asistencia plena de sus miembros, y convocado de manera extraordinaria para realizar un análisis de los efectos y consecuencias de la decisión del gobierno de pagar el doble aguinaldo en la presente gestión, comunica al pueblo boliviano lo siguiente:
Primero: Ratificamos plenamente nuestra posición de rechazo al segundo aguinaldo, al que consideramos una imposición injusta, distorsiva y política, cuya aplicación anual se basa en un índice inadecuado de crecimiento interanual y que ignora las profundas diferencias de crecimiento entre departamentos, sectores y empresas.
Segundo: Pese a las constantes advertencias de todos los sectores y federaciones departamentales, a la evidencia de la crítica situación económica de las Mypes y de la mayoría de los sectores y de seis departamentos, además de la inconsistencia de las cifras que sustentan el crecimiento, el gobierno decidió priorizar el cumplimiento del acuerdo con la COB, por el que le aseguraba el pago del segundo aguinaldo de forma antelada, poniendo en peligro la estabilidad y sostenibilidad de una gran parte del sector privado boliviano.
Tercero: Sostenemos que el pago del segundo aguinaldo, en circunstancias como las actuales de desaceleración económica, elevados déficit fiscal y comercial, disminución de las reservas internacionales, escasa inversión extranjera; además de altos niveles de informalidad y contrabando, constituye una severa amenaza a la estabilidad, sostenibilidad y crecimiento de una gran parte del sector privado y por lo tanto del empleo digno y la inversión.
Cuarto: Ante los anuncios del Presidente del Estado y del Ministro de Economía respecto a una eventual invitación a dialogar sobre las medidas que pueden mitigar de algún modo los efectos de esta medida, queremos señalar que atendiendo al mandato del Congreso Empresarial realizado en Santa Cruz el pasado 30 de mayo de 2018, que definió que pese a las condiciones adversas, se mantengan abiertos los canales de diálogo con el gobierno, hemos decidido:
– Asistir a al diálogo con el gobierno central para escuchar las propuestas de las autoridades y exponer nuestra firme posición. Este diálogo debe generar resultados concretos.
Quinto: Pedimos al presidente Evo Morales y al Vicepresidente García Linera que, como máximas autoridades del Estado, asuman la responsabilidad de hacer un análisis minucioso del mal que se está causando con esta medida. y que consideren su ajuste o incluso su anulación en atención a los graves riesgos que se está generando sobre la economía de las personas más vulnerables.

La Paz, 17 de octubre de 2018.