En la frontera de Desaguadero,  mercadería de contrabando se vende en territorio peruano con factura boliviana, lo que permite su paso por los puestos de control al amparo de una norma. Según la Confederación de Empresarios Privados, el contrabando hormiga llega hasta los  800 millones de dólares al año, de los cuales 210 millones ingresan ilegalmente por la frontera con Perú.

El contrabando de productos masivos se expande con redes cada vez más organizadas, denuncian importadores. Por la frontera de Desaguadero ingresan grandes cantidades de mercadería ilegal que se destina a los mercados mayoristas de La Paz y Cochabamba y, de allí, a todo el país.

La oficina de Aduana está junto a la de Migración en Desaguadero a pocos pasos del puente que separa a Bolivia y a Perú. Es un recinto pequeño y oscuro con cinco ventanillas de atención; muy distinto al flamante Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF),  a cuatro kilómetros, en el lado peruano.

Inaugurado en abril, el CEBAF es un complejo luminoso construido sobre siete hectáreas por donde  ingresan flotas y camiones de carga. Está destinado al control aduanero y también migratorio. Tiene decenas de funcionarios que mezclan acentos peruanos y bolivianos.

No obstante, el contrabando evade  el control. A plena luz del día, botes cargados con alimentos y golosinas especialmente pasan el río; el viaje dura minutos y cuesta 20 bolivianos por embarcación llena de carga. A dos cuadras de ese sitio está el  primer puesto  boliviano de Aduanas y del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

Después de burlar el primer control aduanero, la mercadería ilegal se acopia en la parada de transporte  que viaja a La Paz. De allí parten buses y minibuses atestados de carga en techos, asientos, maleteras.

El segundo punto de control Aduanero  está en la localidad de Guaqui. Para pasar su mercancía, los contrabandistas presentan  una factura  de compra dosificada por impuestos; no están obligados a mostrar -sin embargo- una póliza de importación.

Esta factura  se consigue ya en Perú y es parte de la compra de mercadería. “Con factura boliviana cuesta 16% más, si no te rebajan”, comenta una comerciante en la frontera. La boleta se obtiene de forma ilegal, ya que quienes la emiten no tienen la documentación de la importación.

Normalmente emitida a mano, esa factura  sirve de salvoconducto para el contrabando al amparo del Decreto Supremo del 24 de noviembre de 2010 que modifica  el Reglamento de la Ley General de Aduanas.

El Artículo 2 de esa norma establece:  “Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas interdepartamental o interprovincial y que cuenten con la respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero”.

En el caso de los comerciantes registrados en el Régimen Tributario Simplificado, basta que presenten una fotocopia de su inscripción y un detalle y valor de la mercancía vendida.

“El oficial del Control Operativo Aduanero registrará la información contenida en los señalados documentos y remitirá esta información mensualmente al Servicio de Impuestos Nacionales, bajo alternativa de responsabilidad”, establece la norma.

Los importadores  establecidos se quejan por esta situación “que blanquea el contrabando”, a la que se suman trabas administrativas.  Todo  encarece los costos  de los productos que deben factura legalmente, sostienen.

La Ley 140 de Fortalecimiento de Lucha  al Contrabando, promulgada en abril, intensifica el control sumando a las FFAA. Recientemente,  la  presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, dijo que el contrabando en Desaguadero ha disminuido pero admitió que se desvía al lago Titicaca.

“En el caso de Desaguadero la distancia hasta La Paz es solo de 112 kilómetros y el potencial de distribución y consumo de productos internados desde esta frontera es importante”, declaró Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados, a Página Siete.

Según el  cálculo de la CEPB, los ingresos ilegales por contrabando desde Perú llegan a un aproximado de  210  millones de dólares anuales. “La mercadería ilegal  entra por esta frontera mediante el mecanismo hormiga, donde también cabe el flujo a través del lago Titicaca”.

“La lucha al contrabando no es  prioridad en la agenda política”

“ Creemos que se están aplicando acciones dispersas y no coordinadas que responden más a eventos que a verdaderas estrategias de lucha contra el contrabando”, dice el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Ronald Nostas. Sólo en contrabando hormiga, la CEPB estima que Bolivia pierde anualmente entre 533 y 800 millones de dólares.

¿Ya se ven los resultados de   la Ley 140 de Fortalecimiento de Lucha al Contrabando? 

Una ley no tiene efectos por sí misma si no está acompañada de una política integral que incluya una institucionalidad sólida y efectiva, con recursos, presupuesto, planificación y organización.  Nosotros creemos que se están aplicando acciones dispersas y no coordinadas que responden más a eventos que a verdaderas estrategias.  Por ejemplo, la creación del Viceministerio se dio luego del crimen contra dos militares de la Unidad de Control Aduanero en Sabaya; el mayor control de la frontera en el sur se debe al aumento del contrabando en la frontera argentina e incluso la construcción de algunos recintos, se origina tras el problema con Chile.

Pero luego de esas acciones, no se da continuidad porque la lucha contra el contrabando no es una prioridad en la agenda política.  Yo no dudo que sea una buena ley pero lamentablemente no es efectiva porque no responde a una visión integral.

¿Tiene efectos la inclusión de la FFAA en las tareas?

Somos muy respetuosos del papel que desempeñan las FFAA en el país, sin embargo, creemos que al no estar la lucha contra el contrabando en su rol natural, no se puede esperar que aporten resultados en un tiempo corto.

El contrabando es un fenómeno multidimensional que incluye aspectos económicos, políticos, jurídicos y sociales.  Asumir solamente la parte de represión y punición en zonas fronterizas, sin una vinculación directa con los otros componentes de control, educación o prevención, no produce efectos concretos o distorsiona los resultados.  Nosotros hemos abogado por la creación de una entidad autónoma, especializada y técnica, que sea fortalecida con el trabajo de una fuerza especial de control y represión pero que forme parte del Consejo Nacional contra el Contrabando, en el que también esté necesariamente la Aduana.

¿Cuánto pierde Bolivia por el contrabando hormiga?

Según un estudio que presentamos como CEPB en 2016 por el  periodo 2010-2014, el contrabando hormiga opera aprovechando y tergiversando el tráfico vecinal fronterizo y el régimen de mínima cuantía, ambos permitidos por la ley; es decir que se aprovecha de estos dos mecanismos, para implementar un sistema ilegal.

Los puntos fronterizos donde se produce la mayor parte del contrabando hormiga desde Brasil son Cobija, Puerto Aguirre, Puerto Quijarro y Guayaramerín. Desde Argentina: Bermejo, Villazón y Yacuiba, y desde Perú,  Desaguadero.  En esas localidades fronterizas operan puntos de acopio o almacenaje, donde la mercadería se acumula para ser reenviada a ciudades bolivianas para el consumo final.

Ciertamente es difícil estimar el flujo de contrabando hormiga en las fronteras del país debido a que no hay ningún registro ni de salida en el país de origen ni de entrada en Bolivia. No obstante, vale la pena aproximar un valor que permita tener un orden de dimensión de lo que este flujo significa en términos anuales. Un cálculo estimado que realizamos desde la CEPB en un estudio integral de 2015 y 2016, llegó a la conclusión que el contrabando hormiga en todo el país alcanzaría sumas que van desde los 533 millones de dólares a los 800 millones de dólares por año.

¿Qué alternativas tienen los importadores legales?

No hay alternativas frente al contrabando.  El principal problema con el flujo del contrabando es la diferencial de precios que resulta de la internación legal respecto de la ilegal. Esta brecha conforma la “renta” del contrabando, la que se amplía en la medida que los costos de la legalidad son altos, mientras que la operación ilegal enfrenta costos bajos (en efectivo) o manejables (medidos en términos de riesgos frente a la interdicción).

Lo que se enfrenta es un incentivo económico que impulsa la internación ilegal, cuyo retorno cubre todos los riesgos que hoy representan el control y penalización a la actividad. De entrada existe, en varios sectores con  producción nacional, una diferencia asociada a la productividad y costos (si se compara con China por ejemplo). Es el caso de los textiles o las confecciones junto con los alimentos y otros más. En estos casos,  la ventaja inicial de precios se amplía con la que se genera a partir de la evasión de costos asociados a la internación legal. Así, el rendimiento potencial de la actividad ilegal es alto y prevalece a pesar de las acciones por disuadir o sancionar.

Existe un contexto de políticas que es funcional a la actividad comercial irregular, que también limita los resultados que podría generar la institucionalidad encargada del control aduanero. Que los países vecinos y muchos otros en el mundo hayan depreciado fuertemente sus monedas hace difícil contener el influjo de productos. Con las brechas cambiarias el escenario es como un “sumidero” donde la pendiente hace que por muchas vías, formas y regiones los productos se escurran. Como el agua escurre, los productos encuentran vías para llegar en caudales o gotas.

HOJA DE VIDA

• Empresario  Ronald Nostas Ardaya es un empresario industrial del sector farmacéutico.
• Directivo  Es  presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Actualmente cumple su segunda gestión a la cabeza de la CEPB hasta el 2019.