Entidades cruceñas amenazan con un paro cívico por el Censo para el 25 de julio 2022

Santa Cruz, 16 de julio 2022

La Cumbre Interinstitucional Departamental de Emergencia por un Censo amenaza con un paro cívico si en un lapso de cinco días el Gobierno no abroga el Decreto Supremo 4760 que establece la reprogramación del Censo de Población y Vivienda hasta el año 2024

“En caso de que las autoridades no respondan en plazo de cinco días hábiles para reunirse con este comité (…) se convoca a un paro general departamental para el día lunes 25 de julio de este año”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar a momento de leer las conclusiones de la reunión.

Por su parte el gobernador de Santa Cruz y ex dirigente cívico, Luis Fernando Camacho, planteó que la medida se lleve delante de manera escalonada. “Parece que nos veremos una vez más en las calles para hacer respetar nuestros derechos y los recursos que nos corresponden”, amenazó.

Horas antes la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, advirtió que Camacho busca crear en torno al tema del censo un clima de confrontación y desestabilización en torno al tema del Censo pese a que no asistió a las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías que determinó la postergación de la consulta.

Entre otras conclusiones la Cumbre cruceña exige acciones penales de las autoridades del Instituto Nacional de Estadística por incumplimiento de deberes y daño económico al estado.

Asimismo, encomendó a los legisladores, a la Gobernación y el Municipio elaborar una propuesta de Ley Nacional para establecer los periodos censales e intercensales, también, pide al Instituto Cruceño de Estadística elaborar información actualizada.

También demanda incorporar a los rectores de las universidades y de los institutos departamentales de estadísticas al Consejo Nacional de Autonomías.

También se encomienda a la Uagrm preparar y presentar los proyectos de ley que permitan la coparticipación de los recursos emergentes del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), de las Notas de Créditos Fiscal y de los Títulos Valores para que sean coparticipables por municipios y universidades en un 20% y 5% respectivamente.

También exigen que Presupuesto General del Estado 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el INE y que se cree un fondo de compensación para los municipios que se vean afectados por la pérdida de población, para ser ejecutados de manera concurrente con gobernaciones y el Gobierno nacional.