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Política

Entre la cruz y la espada

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Barbijos para evitar el coronavirus

(Infodiez-21/07/20)

Por Guido Pizarroso Duran

Las circunstancias especiales que vive el país, ponen en la balanza ciudadana solamente opciones que implican evidentes riesgos, en un caso la salud de la población y en el otro, el futuro de la democracia y el destino político del país.

La demanda por una postergación de las elecciones crece tanto como cunde el coronavirus, dejando a los ciudadanos en una difícil situación, mientras los políticos continúan en su contienda, unos por conservar el gobierno y los otros por llegar al poder a cualquier costo. En lo que menos piensan los dirigentes es en la población que sufre en estos momentos la amenaza de contagios, las carencias económicas, la imposibilidad de conseguir medios para proteger la salud de la familia, y el riesgo de perder su empleo. En esas condiciones, en lo que menos piensa el ciudadano es en propuestas proselitistas o elecciones.

Son muchos los argumentos sanitarios, prácticos, políticos y jurídicos que se esgrimen tanto para seguir con el proceso electoral como para una postergación, y lo peor es que los políticos colocan a la gente entre la cruz y la espada, es decir, que cualquier decisión puede ser tormentosa. El coronavirus es la base sobre la que se sostiene que las condiciones para acudir a las urnas son de alto riesgo por el creciente número de infectados, que ya paso los 60 mil casos y ocasionó más de dos mil muertes. Es poco probable que la gente pueda ir a votar el 6 de septiembre asumiendo semejante riesgo. El ausentismo sería el más grande la historia electoral, y solamente acudirán a votar los que sanaron de COVID-19, pensando que ya son inmunes –es necesario alertar que esa es una falsa sensación, ya que el coronavirus se repite- también irán a votar los ignorantes a los que se les hizo creer que el coronavirus es un invento de la derecha; y en masa irán los irresponsables, que desgraciadamente sobran en casi todas las comunidades. Ellos decidirán el futuro del país.

Pero también existen argumentos legales que deben primar para decidir si es oportuno o no, y conforme a la ley, persistir en la fecha de los comicios. Recordemos que la Ley 1266, de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, sancionada por la Asamblea Legislativa y promulgada la Presidente Áñez, el 24 de noviembre de 2019, en el Art.14 determina que “el Tribunal Supremo Electoral, a través del SERECI, realizará las tareas de saneamiento del Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2020”. Este requisito legal no se ha realizado hasta ahora – o por lo menos no se ha informado de cómo, cuándo, y mediante que empresa especializada se lo hizo- pero se pretende llevar adelante los comicios con un el mismo padrón electoral que fue impugnado por el fraude electoral.

Son muchas las organizaciones políticas, sociales e instituciones que han visto la inconveniencia de realizar elecciones en las actuales circunstancias. Ahora, los Comités Cívicos de Santa Cruz y Potosí se sumaron al pedido de postergación. El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunció que presentará una demanda abstracta de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), planteando que se deje sin efecto las elecciones.

El dirigente argumenta que no existen las medidas de bioseguridad necesarias para garantizar a la población que no se contagiará. El presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, también afirma que la población no asistirá a las urnas para evitar las aglomeraciones. Advirtió que de persistir en el calendario electora, se pueden reactivar las movilizaciones de los sectores sociales a la cabeza de los cívicos.

El ex gobernador de Tarija, Mario Cossío, denunció el incumplimiento por parte del Órgano Electoral, de la Ley 1266, al no haber saneado el padrón electoral. En declaración a medios de comunicación, Cossío sostuvo que “es necesario verificar si ese sistema informático que había sido manipulado (la noche del 20 de octubre) desde dentro (TSE) hoy nos ofrece garantías…”

También hay argumentos de los que defienden el calendario electoral, entre los que se destaca la necesidad de institucionalizar el país y dejar que el pueblo elija a las autoridades legalmente constituidas, ya que un régimen transitorio carece de fuerza moral y de legitimidad para afrontar una serie de decisiones estructurales que el país necesita. Asimismo, se sostiene que  se están adoptando las medidas de bioseguridad y que los riesgos no serán mayores que los que existen actualmente concurriendo a entidades bancarias, mercados, comercio y oficinas. De esta manera, las circunstancias especiales que vive el país, ponen en la balanza ciudadana solamente opciones que implican evidentes riesgos, en un caso la salud de la población y en el otro, el futuro de la democracia y el destino político del país.

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