Un monto de   47.448.796 bolivianos fue presupuestado este año para el equipamiento del nuevo palacio presidencial, según  datos del SIGMA y del Presupuesto General del Estado 2018, analizados por el economista Julio Linares. Cuando falta una semana para la entrega provisional de la  infraestructura, el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) sólo registra dos licitaciones, ambas referentes al WiFi, por   2.889.005 bolivianos.

 

Legisladores de oposición señalan que los costos de las adquisiciones para equipamiento no se transparentan  debido al Decreto Supremo 3494 que autoriza la compra directa, sin publicación de  contratos, cuando éstos corresponden a montos menores a 20.000 bolivianos. Advierten que se trata de una inversión “millonaria sin fiscalización”.

“En febrero han aprobado el decreto  que autoriza al Ministerio de la Presidencia para hacer las compras  de forma directa. Si pensamos en los 29 pisos,  el helipuerto, el penthouse del Presidente, el sauna, el gimnasio,  las salas de conferencias y otros calculamos  una inversión millonaria sin fiscalización”, dijo la diputada del PDC,  Norma Piérola.

Millonario equipamiento  

Los datos analizados por Linares establecen que este 2018  se incorporaron cuatro nuevos ítems   al presupuesto de la Casa Grande del Pueblo, por un monto de 47.448.796 bolivianos. Todos corresponden a equipamiento.

Para los equipos de comunicación del nuevo Palacio de Gobierno se destina un presupuesto de 34.281.544 bolivianos; para los  de oficina y muebles, 3.747.654; para los    de computación, 1.058.680;  y para otros insumos y servicios, 8.360.918 bolivianos.

Hasta la fecha, se lanzaron  dos licitaciones públicas por un total de   2.889.005 bolivianos para equipamiento de   la Red de Datos y del Centro de Datos. La  primera establece un monto de 1.095.165 bolivianos para la red de WiFi  y otros componentes y data del 19 de marzo con fecha límite de licitación el 18 de abril. El segundo requerimiento fue lanzado el 7 de septiembre de 2017 y en el Sicoes figura como “contratado”.

Compra directa por norma

El Decreto Supremo al que hace referencia la legisladora de oposición   fue publicado el 28 de febrero de 2018. Establece que con el fin de “precautelar la seguridad y funcionamiento  de la Casa Grande del Pueblo” y en consideración de su rango de “prioridad nacional” es “necesario” autorizar al Ministerio de la Presidencia  la contratación directa de bienes y servicios para el equipamiento y acondicionamiento de los nuevos predios presidenciales durante la gestión 2018.

En su artículo tercero, establece que para el procedimiento de las adquisición, dicha cartera deberá realizar un reglamento mediante una resolución. Indica que sólo en el caso de las contrataciones mayores a los 20.000 bolivianos  se solicitará al proveedor nacional el Certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Según el DS, la información sobre la compra deberá ser presentada  a la Contraloría. El registro en el Sicoes como el RUPE corresponderá sólo  cuando la compra de equipamiento sobrepase el monto de 20.000 bolivianos.

La norma añade que la asignación de recursos será aprobada a través de una Resolución biministerial firmada entre los  ministerios de la Presidencia y el de Economía y Finanzas Públicas.  La disposición de  asignación de los 47 millones para equipamiento no figura en la Gaceta Oficial, por lo que no se sabe si el dinero ya está disponible para las compras.

“Nosotros  hemos presentado  una petición de  informe escrito  sobre los montos de inversión que hasta el día de hoy el Ministerio de la Presidencia se niega a entregar”, manifestó Piérola.

El diputado por Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral consideró que con el DS 3494 se podrán cometer excesos. “Ya tenemos un antecedente de las alfombras persas y muebles en el Ministerio de Economía”, dijo.

Página Siete solicitó reiteradamente a la unidad de comunicación del  Ministerio de la Presidencia información sobre la asignación de recursos, los montos y el avance en el equipamiento del Palacio de Evo. Hasta la fecha no se obtuvo  respuesta.

El senador Yerko Núñez (UD) señaló que esta información también ha sido solicitada por legisladores. “Aún no la tenemos, pero  lo referente a los  recursos del Estado tienen  que ser públicos. El Gobierno no tendría por qué ocultarlos”, sostuvo.

Entrega provisional en abril

Datos técnicos del nuevo palacio, actualizados y publicados hace dos semanas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) -instancia fiscalizadora de la obra-  señalan que el plazo para la entrega provisional de la infraestructura por parte de la constructora Tauro es este abril. El equipamiento  será posterior.

El diseño TESA del proyecto fue elaborado por el FNDR, FPS y los ministerios de Planificación, Obras Públicas, Economía y Culturas. Contempla el diseño arquitectónico, estructural, instalación eléctrica, hidrosanitaria y cableado estructurado.

Sobre las características del edificio de la plaza Murillo, el último informe del FNDR  ratifica que tendrá 29 plantas en una superficie construida de 29.492 metros cuadrados.

Contará con   áreas de  estacionamiento y servicios, parqueos, área social común, de actos y exposición, auditorio, centro de datos, centro social/comedor, administración/comedor, área de monitoreo,  gabinete y salas de trabajo, Casa Militar, oficinas gubernamentales, área de trabajo presidencial, dependencias complementarias y  helipuerto.

Según el último reporte, hasta el  9 de abril pasado, las obras  tenían un avance del 95% de ejecución; mientras que el avance financiero llegaba al 81%. El monto de inversión del proyecto está estimado en 252,4 millones de bolivianos, que incluye supervisión.

El acápite Construcción del documento del  FNDR detalla un presupuesto de 231,6 millones de bolivianos  en el contrato inicial, cifra que subió a 241 millones de bolivianos en el contrato  modificatorio. Aclara que no es un monto definitivo. La supervisión a cargo de FPS, según contrato vigente, alcanza los 11,4 millones de bolivianos.

En diciembre  el periodista Andrés Gómez, en base a  planos a los que tuvo acceso, señaló que el piso 24 -donde estará la vivienda presidencial- tendrá un sauna y un gimnasio. Días después el Presidente confirmó el dato y mostró  molestia por las críticas de  “algunos medios y políticos”. La residencia de San Jorge tiene dos saunas,  “¿por qué antes no han protestado?”, cuestionó.

El senador  Núñez  lamentó que se hagan inversiones millonarias  en un proyecto que -a su parecer- sólo beneficiará a la “comodidad” del Presidente:  “En  Beni los hospitales se están cayendo a pedazos, no hay ítems para especialistas. No entendemos cómo un gobierno que  dice defender a los que más necesitan busca  lujos”, sostuvo el asambleísta.

La Casa  Grande

Según el Gobierno, la Casa Grande del Pueblo fue concebida como  el símbolo del nuevo Estado Plurinacional de  relación permanente con las organizaciones sociales.

• 2012 La Ley 313 del 7 de diciembre  declara prioridad nacional la    construcción del nuevo palacio de gobierno.
• 2013 Se  instruye al FNDR, la creación de una unidad de coordinación para la elaboración del estudio TESA.
• 2016 Hace dos años debió  entregarse la obra, según el contrato firmado en 2015 para el inicio de la  construcción.
• 5  modificaciones se hicieron al proyecto que variaron la inversión.   Entre la primera y la última hay 9,9 millones de diferencia.
• 9 muralistas elegidos por   concurso  plasmarán sus obras en el edificio. La difusión de la convocatoria costó  291.705 bolivianos.