Expresidente de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni es el nuevo asesor legal de Evo Morales

Buenos Aires viernes 3 de enero de 2020

El expresidente boliviano Evo Morales se presentó el jueves en el Hotel Bauen, en Buenos Aires Argentina, para mostrar su equipo de defensores en la Argentina, encabezados por el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, muy cercano al kirchnerismo, que afirmó que Morales aún es el mandatario de su país y que pidió que el Tribunal Electoral se haga cargo del gobierno y convoque a elecciones.

«Estoy al lado de grandes abogados de América Latina, sorprendido por esta defensa legal que va a estar a cargo del doctor Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra», introdujo Morales. El motivo de la presentación está relacionado con la orden de aprehensión enviada a la Fiscalía especializada en anticorrupción y legitimación de ganancias ilícitas en contra del expresidente por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo.

«Quiero decirles que los procesos de terrorismo y sedición ya los enfrenté tantas veces. Nunca he sido acusado de corrupción ni narcotráfico. Nunca encontrarán que Evo es corrupto. Las acusaciones siempre vendrán, pero en este momento hay que decir fuera al golpismo. El que protesta contra el gobierno de facto es sedicioso, pero siempre estaremos con la verdad y con la justicia», dijo Morales, respecto al gobierno de la presidenta boliviana, Jeanine Áñez, que lo sucedió en el cargo tras la renuncia del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Después, Morales le dio la palabra a sus abogados, quienes defendieron que aún es el presidente constitucional de Bolivia hasta el 22 de enero, cuando termina efectivamente su mandato.

«[Evo Morales] renunció, pero la renuncia no ha sido tratada por el único órgano habilitado para eso, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que no ha podido reunirse porque a los diputados les lanzan gases lacrimógenos para que no entren al recinto. La situación es extrañísima», analizó Zaffaroni.

«La situación jurídica de Evo [en la Argentina] es de la inmunidad que corresponde a un mandatario extranjero. El régimen o ejercicio de poder boliviano ha violado normas elementales del derecho vigente. Este es un caso en que la realidad supera todo lo que se nos puede haber ocurrido. Bolivia se convierte en un Estado de no derecho», señaló Zaffaroni. Y criticó a la actual mandataria Áñez: «Se titula presidenta a una persona de un partido que tiene el 4,5% de los votos. No sabemos si Áñez está ejerciendo el poder. Es alguien que se autoproclamó. Es una situación de facto».
Además, Zaffaroni consideró que la situación de Bolivia «rompe todas las reglas de convivencia internacional» y que dentro del gobierno interino de ese país «hay una mala praxis diplomática y estamos tocando un límite».

En relación el pedido de detención a Evo, Zaffaroni explicó: «Solo hemos visto una orden de detención de dos fiscales por sedición, que es un delito político y por eso no se puede solicitar la extradición de nadie. Ese es un delito contra los poderes políticos». Y continuó: «El 23 de enero se terminan los mandatos. De alguna manera hay que pensar cómo salir de esta situación de no derecho. Lo correcto sería que asuma la presidencia provisional el presidente del Tribunal Supremo, que convoque a elecciones y se normalice en lo posible esta situación».

Por otro lado, adelantó que probablemente se haga una presentación frente al área de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para que intervenga sobre el gobierno de Bolivia: «Se podría intervenir en Naciones Unidas. Es viable y habría que pensarlo», dijo el ex juez de la Corte Suprema argentina.

En tanto, el otro abogado codefensor de Evo, Gustavo Ferreyra, opinó que «Bolivia no es un Estado constitucional, sino de fuerza bruta».
«Ignoramos si la autoridad de facto domina el territorio. Es un Estado de pura fuerza. Desde el punto de vista constitucional estamos en presencia del presidente», sostuvo Ferreyra, en referencia a Evo.

También aclaró que el gobierno argentino «no debería responder a ningún pedido de Bolivia porque actualmente no es un Estado constitucional» y que a fines de enero, cuando finalice el mandato de Evo, «Bolivia se encontrará ante una situación de acefalía absoluta».