Expresidentes de países de Latinoamérica condenan persecución a Mesa

La Paz, 2 de julio 2021

La Misión Presidencial Latinoamericana, conformada por expresidentes de gobiernos democráticos, emitió ayer una “Declaración sobre el Avance Autoritario en América Latina y la Persecución en contra del Expresidente de Bolivia, Carlos Mesa” en la que manifestó su preocupación por la situación de hostigamiento que sufre el líder de Comunidad Ciudadana (CC),  quien dice ser el “principal afectado por el fraude electoral de octubre de 2019”, a través de la persecución e instrumentalización política de la justicia como en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

“Ahora, se suma la alerta por las acciones que está llevando a cabo el gobierno de Bolivia, presidido por Luis Arce. La comunidad internacional esperaba que este diera pasos para que, en una nueva etapa de la vida del país, se cerraran los enfrentamientos del pasado reciente, garantizando el Estado de Derecho, la independencia de poderes y una actitud de respeto a la oposición”, señala el documento.

En la declaración, firmada por ex presidentes como Luis Alberto LaCalle (Uruguay), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), Rafael Calderón (México), Jamil Mahuad (Ecuador), Nicolás Barletta (Panamá), entre otros, manifestaron su preocupación “en particular por la situación de hostigamiento que sufre el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, quién fue el principal afectado por el fraude electoral de octubre de 2019 y cuyo actuar fue esencial para que se hicieran elecciones libres y legitimas en 2020”.

“Pedimos al gobierno de Bolivia que modifique el camino que está tomando, que respete los derechos del expresidente Carlos Mesa y otros destacados miembros de la oposición boliviana y cese la presión judicial que está ejerciendo contra el principal líder de la oposición”, señalaron los líderes latinoamericanos.

La Misión Presidencial Latinoamericana es una asociación voluntaria de exmandatarios asentada en principios, valores, y virtudes que trasciende personas, circunstancias y tiempos y con una expresa definición no partidista.

El gobierno de Luis Arce inició la persecución contra la oposición el pasado 12 de marzo con la aprehensión ilegal de la expresidenta constitucional de Bolivia, Jeanine Añez Chávez, que se encuentra recluida preventivamente por más de 100 días en la cárcel femenina de Miraflores en la ciudad de La Paz, pese a que hasta la fecha no se logró sustentar la denuncia por el supuesto “golpe de Estado”; asimismo, varios de sus ex colaboradores se encuentran recluidos de forma irregular por el mismo caso.

El pasado 17 de junio, el propio expresidente Mesa, fue citado a declarar ante el Ministerio Público luego que el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, lo pidiera, sin embargo, se acogió a su derecho constitucional a no declarar como testigo del supuesto caso “golpe de Estado”.

“Este proceso penal, con las declaraciones de los testigos convocados, pretende alcanzar legitimidad ante la sociedad, legalizando lo ilegal y convertirse en un elemento de manipulación de “pruebas” y de “forzadas autoincriminaciones”, para alcanzar los objetivos políticos de destruir todo vestigio de oposición, como lo hizo el anterior gobierno de Evo Morales y lo quiere hacer el actual gobierno de Luis Arce”, manifestó Mesa en una conferencia de prensa, luego de salir del Ministerio Público.