Fiscalía afirma que personas reclutadas con “ítems fantasmas” serán contempladas como víctimas si declaran voluntariamente

Santa Cruz, 13 de diciembre 2021

La fiscal Marcela Terceros, asignada a la investigación del caso “Ítems fantasmas” en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, afirmó este lunes que las personas que ingresaron en el municipio de manera irregular pueden ser consideradas como “víctimas de la situación”, por lo que convocó a que se presenten y presten su declaración ante el Ministerio Público para esclarecer este hecho.

Explicó que las personas, que así lo soliciten, podrán ingresar como testigos protegidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) del Ministerio Público, como otros tres testigos que ya declararon.

“Las personas que hayan sido sometidas en esta situación pueden presentarse a prestar su declaración, nosotros entendemos que también ellos fueron víctimas  de la situación (…) víctimas porque muchas personas, como las que ya han declarado en la cámara gesell, se vieron con la necesidad de aceptar esta situación porque les prometieron que en algún momento ellos se iban a quedar con el contrato o con el ítem”, explicó Terceros en Bolivia TV.

Detalló que en esta presunta red de corrupción, creada para desviar los recursos del municipio cruceño, se detectó que el exfuncionario Julio Cesar Herbas captó a aproximadamente 30 personas para que ingresen con contratos irregulares causando un daño económico al municipio; sin embargo, el imputado argumenta que son entre cinco a seis personas, pero esto no cambia su situación jurídica.

Los testigos señalaron que Herbas era el encargado de “reclutar” gente para que ingrese al municipio cruceño, sin cumplir funciones y recibiendo un porcentaje del salario. El principal implicado en el caso es el exdirector de Recursos Humanos, Antonio Parada Vaca, denunciado por el cobro de más de 800 ítems. Herbas aseveró que Parada lo tenía amenazado.

El 12 de diciembre, el juez decidió enviar al exfuncionario a la cárcel de Palmasola con detención preventiva, durante 180 días, hasta esclarecer el caso, por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La Fiscalía justificó el riesgo de fuga, argumentando que el imputado no tiene “domicilio o residencia habitual, negocios o trabajos asentados en el país” y que tiene “facilidades” para abandonar el país o permanecer oculto.

Explicó que la exalcaldesa interina, Angélica Sosa, será convocada a declarar nuevamente en calidad de sindicada. Asimismo, se prevé que en las próximas horas se convoque a más exfuncionarios en calidad de testigos.