Fiscalía boliviana investiga a Philip Lichtenfeld por enriquecimiento ilícito

La Paz, 2 de junio 2021

La presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez, señaló este miércoles que el exministro de Defensa, Fernando López, tiene igual o mayor responsabilidad que Arturo Murillo en la compra irregular de gases lacrimógenos.

“Utilizaron un tercer decreto, el 4168, para instrumentalizar este hecho, que ya lo denomina el FBI como soborno, lavado de dinero, además crimen internacional organizado. El primer decreto fue firmado por Jeanine Áñez, Luis Fernando López e Iván Arias Durán, y en el segundo figuran como firmantes Yerko Núñez, Jeanine Áñez, Luis Fernando López y otros para que, de manera excepcional, se adquieran los gases lacrimógenos”, precisó Gómez.

Explicó que a principios de diciembre de 2019 López firmó dos decretos supremos previos al tercero con el cual se ejecutó la compra de gases lacrimógenos; se trata del Decreto 4090 por el cual se autorizaba de manera excepcional al Ministerio de Defensa realizar la adquisición de materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana; posteriormente, el Decreto 4116 mediante el cual se autorizaba al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, para seguridad y defensa del Estado, que además abrogaba el anterior.

En este sentido, la legisladora ratificó que existe responsabilidad del exministro de Defensa del régimen de facto.

“Ahí nace justamente el objeto de la corrupción, porque el primer decreto habla de la autorización del Ministerio de Defensa, de la adquisición excepcional de gases lacrimógenos y lo firma Áñez, Nuñez, Murillo y otro grupo de ministros, el de Energía e Hidrocarburos (…). Estamos hablando de identificar la autoría y coautoría de exfuncionarios del Ejecutivo que han estado en momentos complicados del golpe de Estado”, complementó.

Según la presidenta de la Comisión Legislativa, las personas que firmaron esos decretos utilizaron la institucionalidad para legalizar los delitos de soborno y lavado de dinero.

“Hubo una afectación de daño económico al Estado y nosotros como legisladores estamos haciendo el seguimiento”, concluyó.