Fiscalía imputa a Murillo y López por la importación irregular de armamento no letal de Ecuador en el 2019

Chuquisaca, 17 de junio 2022

El Ministerio Público informó este viernes que imputó formalmente a los exministros Arturo Murillo y Fernando López por la internación irregular de armamento no letal en noviembre de 2019.

Murillo, titular de Gobierno, y López, de Defensa, fueron parte del régimen de Jeaninne Áñez.

El secretario general de la fiscalía general del Estado (FGE), Edwin Quispe, aseveró que se colectaron varios elementos de convicción sobre la participación directa e inmediata de ambos implicados en una reunión con Áñez y la exministra Roxana Lizárraga.

“Las personas ya mencionadas han sido imputados por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia, porte y portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes en grado de coautoría, debido a que estas personas han actuado de manera coludida para poder cumplir con este propósito», explicó Quispe.

En conferencia de prensa, explicó que existe evidencia que estos imputados se reunieron para acordar el ingreso irregular del armamento en el 2019 cuando existían conflictos sociales en el país.

“Dentro de la imputación se tiene descrito que hubiera ingresado 5.000 granadas de mano, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores”, explicó la autoridad fiscal.

Aseveró que la fiscalía está a la espera del señalamiento de audiencia de medidas cautelares, pero con los antecedentes, que otros investigados no asistieron a la convocatoria de la autoridad jurisdiccional, presumen que corresponderá la emisión de la rebeldía.

“Nosotros ya tenemos sumados 14 personas que están siendo investigadas dentro de este proceso”, detalló Quispe.

Según las investigaciones preliminares, tras la toma de declaraciones a diferentes testigos presenciales y referenciales se estableció que esta internación irregular se gestó el 15 de noviembre de 2019 en una reunión del gabinete de Áñez y el alto mando militar y policial.