La Fiscalía pidió el congelamiento de las cuentas bancarias individuales y/o conjuntas de la expresidenta Jeanine Áñez, de sus dos exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, y de dos exaltos mandos de las Fuerzas Armadas procesados en el caso “golpe de Estado”.
El requerimiento está dirigido a Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y refiere: “Se proceda a realizar el congelamiento de cuentas corrientes, caja de ahorros, depósitos a plazo fijo, tarjetas de crédito en moneda nacional y moneda extranjera a nivel nacional que se tenga registrado”.
Además de Áñez, Coimbra y Guzmán, está en el requerimiento fiscal revelado por la red Gigavisión el excomandante de la Armada y exjefe de Estado Mayor Flavio Arce San Martín y el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta. Los cuatro se encuentran en la cárcel por el caso “golpe de Estado”.
La exdiputada del MAS Lidia Patty presentó la denuncia para que se establezcan responsabilidades en los hechos que en 2019 derivaron en la dimisión del expresidente Evo Morales tras denuncias de fraude electoral, una protesta cívica, un motín policial y la “sugerencia” militar de renunciar.
El excívico y electo gobernador cruceño Luis Fernando Camacho es el principal acusado en este proceso, pero hasta el momento no lo citaron a declarar.
Denuncian irregularidades en las gestiones de los exministros Rojo, Ortiz y Guzmán por Bs 76 MM
Durante las gestiones de los exministros de Desarrollo Rural Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, en el gobierno de Jeanine Áñez, fueron cometidas una serie de irregularidades que fueron denunciadas a la Fiscalía por 11 delitos y provocar un daño económico de Bs 76 millones en esa cartera de Estado y empresas estatales.
El ministro de Desarrollo Rural, Néstor Huanca, informó que las denuncias son el resultado del trabajo de las unidades de Auditoría Interna, Transparencia y Jurídicas de las empresas públicas y entidades descentralizadas y desconcentradas.
Las denuncias presentadas ante la Fiscalía son por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión.
El exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) Eduardo Wilde fue acusado de firmar de forma irregular un contrato para la importación de 30.000 toneladas de trigo transgénico por Bs 51 millones. El incumplimiento de ese contrato ha derivado en una demanda arbitral internacional que podría obligar al Estado a pagar $us 2,8 millones.
Otra de las denuncias implica al exgerente de la Empresa de Abonos y Fertilizante Sergio Luna y a otros por la compra de fertilizantes con un faltante en almacenes equivalente a Bs 8,8 millones, y a la exgerente de la Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA) Karina Fabiola Leyva Áñez, presunta familiar de Áñez, por incrementar sueldos y cargos con un daño de Bs 1,2 millones.
Mientras que la exgerenta de Frutos Amazónicos de Riberalta Carmen Alicia Melgar y otra exautoridad son acusados de entregar de forma directa Bs 8,3 millones a acopiadores de castaña sin conocerse hasta ahora su destino y uso. El exgerente Comercial de EBA recibió productos de diferentes proveedores para canastas estudiantiles municipales por valor de Bs 12 millones sin ningún tipo de proceso de contratación ni contrato alguno.
En la Empresa Azucarera de San Buenaventura, su exgerente Jorge Barrios, habría favorecido a una empresa con el fraccionamiento externo del producto por Bs 1,2 millones y la compra de 4.700 toneladas de urea con un presunto sobreprecio de más de Bs 1 millón.
Huanca informó que entre las denuncias también está una contra la Alcaldía de La Paz por no cumplir con el pago de Bs 23 millones por el desayuno escolar.
Ortiz y Rojo también fueron acusados por la contratación de “taxi vuelos” sin ningún justificativo hacia Santa Cruz, como el destino de combustible a vehículos particulares, entre otras denuncias.
Fuente textual: La Razón
