Funcionarios usan autos del Estado para transportar 300 cajas de cerveza de contrabando 

El Ministerio Público abrirá de oficio una investigación por los presuntos delitos de «Uso Indebido de Bienes del Estado e Incumplimiento de Deberes», contra funcionarios de la Universidad Amazónica de Pando (UAP), que utilizaron una movilidad oficial para trasportar cerveza, presuntamente de contrabando.

La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental de Pando, Juan Carlos Cuéllar, quien confirmó que a través de la Unidad Anticorrupción, en las siguientes horas se iniciará un proceso investigativo para dar con los responsables de esa actividad ilegal.

«Tomando en cuenta que se trata de un bien del Estado, la misma habría sido utilizado para fines distintos, este lunes la Fiscalía mediante la unidad que corresponde iniciará de oficio el proceso en contra de los autores, solicitaremos los informes pertinentes a las autoridades de la universidad sobre el uso de esa movilidad y si nos puedan proporcionar nombres de las personas que incurrieron en esa falta grave», dijo Cuéllar.

De acuerdo a los antecedentes, una vagoneta de la UAP, color gris, con vidrios polarizados, placa nacional y con logotipo de la institución, fue utilizada la tarde del jueves 2 de mayo para trasladar, de contrabando, más de 300 paquetes de cerveza desde Villa Epitaciolandia (Brasil), ingresando a la ciudad de Cobija por el puente Internacional, hasta un salón de eventos.

«Insólito, inaudito, muy lamentable que se utilice una movilidad del Estado para hacer contrabando de cerveza. Aparentemente había un agasajo en un céntrico salón de eventos en Cobija, ahí han utilizado una movilidad de la Universidad Amazónica de Pando, han hecho como tres a cuatro viajes a Villa Epitaciolandia e internaron de contrabando cerveza Itaipava más de 300 paquetes», criticó un ciudadano tras detectar esa irregularidad.

La Ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz señala que «la servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años».