GIEI reitera ante la OEA que en Bolivia hubo graves violaciones a los derechos humanos y ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las FFAA

La Paz, 2 de marzo 2022

Los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentaron este miércoles al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) el informe de los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Marlon Weichert, miembro del GIEI-Bolivia, reafirmó que el informe determina que hubo graves violaciones a los derechos humanos cometidos, entre ellos ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA).

“El GIEI ha concluido que graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidas en Bolivia durante el último trimestre de 2019. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Hubo ejecuciones sumarias por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, y homicidios cometidos por particulares, facilitados o tolerados por agentes estatales”, afirmó Weichert.

Los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes Julián Burger, Magdalena Correa, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert, además del embajador de Bolivia la OEA, Héctor Arce Zaconeta, expusieron las conclusiones del informe que señala que hubo, al menos 37 personas que perdieron la vida por las masacres y hechos de violencia en diversos lugares del país, y centenares sufrieron lesiones físicas como psicológicas.

La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia; dejaron desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas e incumplieron su rol constitucional. Se comprobó que hubo ejecuciones sumarias en las masacres de Sacaba, Senkata y El Pedregal. El Decreto Supremo 4078 fue promulgado para eximir de responsabilidad penal al personal de las FFAA.

Grupos de choque como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC y Unión Juvenil Cruceñista (UJC) protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía. Asumieron tareas “parapoliciales” durante el motín policial. Ambas instituciones policiales asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos. La Policía no fue capaz de resguardar el ejercicio pleno del derecho a la protesta ni cumplió adecuadamente con su deber de evitar actos de violencia, garantizar la seguridad de las personas y el orden público.

Algunas aprehensiones indican discriminación racial, con la humillación de los detenidos debido a sus rasgos asociados al origen indígena. Los hechos de discriminación racial se manifestaron en mayor medida en las acciones conjuntas de militares y policías. La represión se dirigió exclusivamente en contra de la población movilizada de origen indígena, obrero y campesino. La gran mayoría de los heridos, asesinados o detenidos desde el 10 de noviembre eran de ese segmento poblacional.

Se constataron tratos discriminatorios en servicios de atención médica para varios heridos de bala que acudieron para recibir socorro y muchos optaron por no recurrir a los hospitales y centros públicos; ser vulneraron los derechos de periodistas que fueron identificados como “afines” al gobierno depuesto, acusados de ser “masistas”.

La masacre de Senkata fue justificada por el gobierno de facto con la versión de que los manifestantes pretendían quemar la planta de gas en El Alto. La investigación demostró que no se encontraron evidencias que respalden esta teoría, no se halló material explosivo en el área, las estructuras sensibles de la planta no fueron amenazadas por las protestas.

En tanto, el embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Arce, aseguró que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los hechos de violencia de 2019 se constituye en un documento fundamental para la defensa de derechos humanos.

“Este informe final de 479 páginas se constituye en uno de los documentos de mayor aporte legal internacional en materia de derechos humanos para el restablecimiento de la memoria, la verdad y justicia en Bolivia”, aseguró en su intervención. El representante boliviano rindió homenaje a quienes perdieron la vida en los hechos de violencia suscitados en Bolivia en noviembre 2019, heridos y perseguidos afectados por sufrimientos.