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Política

¡Gobierne, señora Presidente! Cumpla con su deber, haga a un lado su candidatura

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(Infodiez-12/08/20)

Por Guido Pizarroso Duran

¿Quién merece mayor censura? el que hace daño a la población atentado contra la vida, la salud y la tranquilidad de la gente con bloqueos de caminos y violencia, o quien omite el cumplimiento de su deber y permite que esto ocurra.

En nuestro país la soberanía, reside en el pueblo, que mediante procedimientos democráticos establecidos legalmente, delega autoridad y confiere poder para que los gobernantes y funcionarios puedan adoptar decisiones en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes, que establecen normas, límites, obligaciones y prerrogativas. Puede accederse a esta calidad de autoridad, ya sea mediante elección, designación institucional legal, o sucesión constitucional. Pero esa autoridad también puede perderse por diversas razones, entre ellas, renuncia, abandono de funciones, incumplimiento de deberes, o revocatoria de mandato. Como consecuencia de esta relación la ciudadanía está obligada a aceptar y respetar la autoridad y a obedecer las leyes; y en contrapartida, quien ejerce autoridad, se obliga a su vez a cumplir el ordenamiento legal y el mandato de la CPE y hacer respetar las leyes.

La voluntaria aceptación del pueblo a una autoridad, le confiere poder para que pueda gobernar, decidir, trabajar sobre políticas inspiradas en el bien común y las necesidades del Estado, pero algunas veces estas prerrogativas son mal utilizadas degenerando en extremos opuestos. Muchas veces, el poder y autoridad que recibe una persona se distorsiona y sobreviene en autoritarismo, como ocurrió en el pasado reciente. Hoy parece darse el otro extremo que es la inacción o falta de autoridad que puede derivar en ausencia de gobierno.

Ambos extremos son censurables y hasta punibles, porque por una parte el autoritarismo comete abusos, transgrede las normas, violenta el estado de derecho y deforma o debilita la democracia. En el otro flanco, la inacción, la demora la adopción de determinaciones, demuestra dudas, y el dejar pasar hechos inaceptables, denota falta de autoridad, debilidad, impotencia o ineficiencia. El país está viviendo estas nocivas experiencias en momentos en los que más se necesita de autoridad, poder, decisión, eficiencia y capacidad de concertación, herramientas que son imprescindibles para enfrentar la epidemia de coronavirus que ha distorsionado todas las bases de funcionamiento del país, enfermando a miles de bolivianos, al extremo de haber colapsado los hospitales; causando un elevado número de muertes, además de haber afectado la economía obligando al cierre de empresas, y dejado a mucha gente sin empleo.

Para colmo de males, la política, la proximidad de las elecciones, la polarización del país, y problemas sociales que se agravan día que pasa, han sido aprovechados por grupos radicales que han bloqueado las  principales carreteras y caminos del país, perjudicando el suministro de alimentos, medicamentos y asistencia a la población, en un acto criminal tipificado en el ordenamiento legal.

Desgraciadamente, las autoridades han dejado pasar todos los atentados, limitándose a protestar y amenazar, olvidando que representan al gobierno legalmente constituido, y en lugar de denunciar y quejarse, tienen la obligación de actuar en el cumplimiento de las normas legales y sus prerrogativas como Órgano Ejecutivo. Parece que es necesario recordar que entre las atribuciones presidenciales que le otorga la CPE, están, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Proponer y dirigir las políticas de gobierno y de Estado. Dirigir la administración pública y coordinar la acción de los Ministros de Estado. Dictar decretos supremos y resoluciones. Preservar la seguridad y la defensa del Estado. Presentar proyectos de ley de urgencia económica, para su consideración por la Asamblea Legislativa Plurinacional, “que deberá tratarlos con prioridad”. Ejercer el mando de Capitana General de las Fuerzas Armadas, y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio. También puede declarar el estado de excepción. A su vez, los ministros están obligados a cumplir las políticas del sector que dirigen.

Por mandato del Artículo 244 de la CPE, las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país. Asimismo, la Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta por intermedio del Ministro de Gobierno.

Frente a la situación que vive el pueblo boliviano, corresponde preguntarse,

¿Quién merece mayor censura?, el que hace daño a la población atentado contra la vida, la salud y la tranquilidad de la gente con bloqueos de caminos y violencia, o quien omite el cumplimiento de su deber y permite que esto ocurra. El gobierno tiene el poder que emana de la autoridad legal, para el uso de recursos y mecanismos dirigidos a frenar estos excesos, y someter a la justicia a quienes tanto daño le hacen al pueblo y al país. ¡Gobierne, señora Presidente!, no es posible negociar con el narcoterrorismo y el crimen organizado.

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