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Gobierno aclara que miembro de la resistencia juvenil fue aprehendido legalmente y no secuestrado

Falsas acusaciones vertidas por redes sociales sobre un supuesto “secuestro” a Mario Antonio Bascopé Revuelta.

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Resistencia Juvenil Cochala
Foto-Ministerio de Gobierno

La Paz, 21 de julio 2021

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, brindó una conferencia de prensa con el fin de aclarar falsas acusaciones vertidas por redes sociales sobre un supuesto “secuestro” a Mario Antonio Bascopé Revuelta, integrante de la asociación paramilitar y delincuencial, Resistencia Juvenil Cochala (RCJ). La autoridad hizo conocer que su aprehensión obedece a una determinación legal de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca por la comisión de varios delitos.

“Corresponde aclarar a la opinión pública que el día de ayer el señor Mario Antonio Bascopé Revuelta, que cumplía una detención por el delito de sustancias controladas, logró su libertad en Palmasola, sin embargo, inmediatamente fue aprehendido en cumplimiento a un mandamiento de fiscales de materia de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca”, señaló la autoridad.

Bascopé participó activamente de protestas violentas en octubre de 2020 cuando la Resistencia Juvenil Cochala exigía la renuncia del Fiscal General del Estado, otro de sus integrantes, Yassir Molina, fue acusado por organización criminal, uso de armas y daño al patrimonio histórico del Estado a consecuencia de sus manifestaciones en la ciudad blanca.

“No ha existido ningún secuestro sino el cumplimiento fiel de lo que manda la Constitución y el procedimiento penal y lograr la aprehensión de un miembro identificado por la Fiscalía Departamental en lo que concierne a los ilícitos que se han realizado en Chuquisaca”, subrayó Cox.

El viceministro aseveró que el sindicado fue trasladado a la ciudad de Chuquisaca con custodia policial para que la Fiscalía Departamental prosiga con la investigación del caso aperturado dentro de los sucesos acaecidos en esa ciudad en octubre del 2020. También indicó que a la RJC generó situaciones de zozobra y amedrentamiento con afectación a bienes del Estado, con actitudes vandálicas y delincuenciales claramente identificadas por las autoridades jurisdiccionales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó a la Resistencia Juvenil Cochala como un grupo “…armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas”.

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