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Sociedad

Incendios forestales arrasadas 6 millones de hectáreas

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(Infodiez-26/08/20)

Por Guido Pizarroso Duran

La impunidad se ha apoderado del país sin que ningún organismo nacional o internacional pueda poner freno a la ilegalidad. Uno de los problemas nacionales de vital importancia es la conservación del medio ambiente que choca con la absoluta indiferencia de las autoridades. Ni la gravedad de los incendios forestales del año pasado motiva a detenerse y pensar que el daño que se está haciendo al país es muy grande y de incalculables efectos perversos. Precisamente en estos momentos, mientras el fuego amenaza diversas zonas donde se siguen practicando quemas para la habilitación de tierras, pende sobre la conciencia de los bolivianos el fallo del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), que estableció que los incendios de 2019 quemaron 6.4 millones de hectáreas de bosques y selva.

Se trata de un fallo que no es vinculante para la autoridades nacionales, pero que implica un análisis ético, moral y de responsabilidad frente a los intereses del país, y yen atención a un mandato de la Constitución Política del Estado, que está por encima de las leyes malignas que el gobierno del MAS aprobó para destruir el ecosistema y atacar la naturaleza y a la “Madre Tierra” que decían defender. Por lo tanto, es una obligación de los Órganos del Estado asumir su responsabilidad institucional y velar por el futuro y la preservación del principal patrimonio nacional que es la pródiga naturaleza.

La sentencia de TIDN por el caso Chiquitania, Chaco y Amazonia Vs. Estado Plurinacional de Bolivia, declaró a los incendios del 2019 como un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio” y demanda la abrogación de las normas señaladas como “incendiarias” a fin de que estos hechos no se repitan. Asimismo, la sentencia señala que “los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes diseñaron la política, aprobaron el paquete legislativo y, ocurridos los incendios, favorecen a las condiciones de impunidad para los perpetradores. Además, señalan como autores a los grupos fácticos representados por los grandes ganaderos, empresarios agroindustriales, por lo que este Tribunal se ha formado convicción a ese respecto. Por tanto, se concluye que corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión Chiquitania, Amazonia y Chaco de Bolivia al: Gobierno de Evo Morales 2019, Gobierno Añez 2020 y Gobernación de Santa Cruz y Beni; Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras;  a la Asamblea Legislativa. Bancadas del oficialismo y la oposición; a la Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental; y al extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación”.

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, planteó la abrogación de las normas que promueven la ampliación de la frontera agraria y con ello las quemas y desmontes, especialmente la Ley N° 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques y su D.S. 1578 Ley N° 502, Ley N° 739 y Ley N° 952, de ampliaciones del plazos y modificaciones de la Ley 337. Ley N° 741, de Autorización de Desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias. Ley N° 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas. Ley N° 1098 y D.S. 3874 sobre autorización de eventos de soya transgénica asociada a la producción de biodiesel. Ley Departamental 93/2019 (Beni) sobre la aprobación del Plan de Uso del Suelo del Beni. Y los decretos 3973 de Modificación y Ampliación del Desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias; y el D.S. 4232 y D.S. 4238 que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa, además de la anulación de algunas resoluciones administrativas.

En relación a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, el TIDN instituye la implementación de medidas de reparación y dar cumplimiento al marco normativo nacional sobre la protección de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad, y asumir las medidas necesarias para la restauración de sus territorios. La sentencia señala que “El Tribunal ha conocido que los incendios forestales han afectado a 36 territorios indígenas en una extensión de 1.226.714 hectáreas. Evidentemente la sentencia no es vinculante para el Estado Plurinacional de Bolivia, pero constituye un antecedente jurídico, y un recordatorio para que las autoridades cumplan su deber, además de obligar a la justicia boliviana a actuar en la defensa del medioambiente, los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas.

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