Inicia la audiencia de Arturo Murillo en Estados Unidos

EE UU, 9 de agosto 2021

El exministro del Gobierno de Jeanine Añez podría afrontar hasta 20 años de cárcel. Es acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero vinculado a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión.

Alrededor de las 10:20 de la mañana (HB) de este lunes, en Estados Unidos, dio inicio la audiencia del exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien se encuentra acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero vinculado a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante su gestión.

El exministro del Gobierno de Jeanine Añez podría afrontar hasta 20 años de cárcel, en un caso que es seguido de cerca por las actuales autoridades bolivianas.

De hecho, en la audiencia están presentes los juristas contratados por el Gobierno boliviano para el seguimiento y hasta el abogado Thomas Becker, conocido por patrocinar a los familiares de las víctimas de ‘octubre negro’ de 2003 en el juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Estoy en la audiencia de Murillo en Miami pensando en las familias Sacaba y Senkata. La justicia puede ser lenta pero las familias la lograrán”, señaló Becker.

El exministro de Gobierno está detenido desde el pasado 22 de mayo. Es acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero dentro del caso referido a la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

Por el caso, también fueron detenidos el exjefe de gabinete de Murillo, Sergio Méndez, y los estadounidenses Luis Berkman, de 58 años; Bryan Berkman, de 36, y Philip Lichtenfeld, de 48, quienes, según la investigación, pagaron 602.000 dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, de Méndez y de otro empleado gubernamental boliviano que no fue identificado.

Según la acusación, los Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del Gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia para promover el esquema de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

Estos ilícitos, según la Fiscalía, se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, “obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia”.

Se trataba específicamente de un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para enviar al país gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

También, precisa la denuncia, los tres estadounidenses organizaron el pago de 582.000 dólares en efectivo para Murillo y Méndez.