Interpelación en La Asamblea Legislativa al Ministro de Gobierno para esclarecer emboscada a Umopar en el Chapare

En la interpelación el ministro de Gobierno, Carlos Romero, fue enfático en señalar ante el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que tras la emboscada a efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el Chapare el pasado 2 de marzo, se actuó de forma inmediata, eficaz y oportuna, para esclarecer el hecho. La autoridad explicó además el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico.

Romero fue interpelado y respondió a 11 preguntas planteadas por los diputados Betty Yañiquez, Sergio Choque, Carmen Rosa Domínguez y Ayda Villarroel, respecto a las acciones asumidas por su cartera tras la emboscada a Umopar, que terminó con fallecidos, además de explicar la política contra el narcotráfico implementada por el Gobierno.

La autoridad inició su intervención explicando que el trabajo que realiza Umopar, creada en 1983, es el de ejecutar operaciones en zonas rurales, con 31 puestos de control distribuidos en el país, siendo que el 30 por ciento de efectivos de esta unidad están en el Chapare, un número importante que realiza patrullaje, control e interdicción.

Explicó que el 2 de marzo, a partir de identificar fosas de maceración abandonadas y tras un patrullaje, una turba de 14 a 15 personas emboscó a efectivos de Umopar permitiendo el despegue de una aeronave.

Aseguró que con base a un informe de inteligencia se ejecutó un operativo que permitió capturar a buena parte de quienes emboscaron a los efectivos. Añadió que 396 efectivos intervinieron para secuestrar 6.090 gramos de cocaína, se intervino 20 fábricas activas y 27 inactivas, varias fosas, y también se destruyó laboratorios.

De los detenidos tras el operativo, explicó que el 8 de marzo, 12 fueron aprehendidos, de los cuales 10 podrían estar relacionadas con la emboscada, asimismo manifestó que uno de los implicados cuenta con antecedentes por delitos contra el narcotráfico.

Política antidroga

Sobre la política antidroga, Romero recordó que en la década de los años 80, el gobierno norteamericano implementó la denominada guerra contra las drogas, dejando muertos en varios países donde se aplicó el plan.

En Bolivia, a partir de la Ley 1008, se establecía una superficie determinada de hectáreas de coca sin un estudio integral y se criminalizaba a la coca.

Subrayó que, en la época neoliberal, existía discrecionalidad en el accionar de jueces para otorgar sanciones. “De 1989 a 1993 se estableció la estrategia coca por desarrollo, luego se aplicó la militarización, se aplicó la interdicción a los eslabones más débiles, eso sucedía en el Chapare”, afirmó.

Continuó explicando que de 1996 a 2005 se registró la violación a los derechos humanos, 60 personas fallecidas, 523 detenidas, hubo crisis económica en las zonas de producción, y el narcotráfico logró penetrar a la esfera política del país.

Romero aseguró que Bolivia demostró que con soberanía, es posible implementar un nuevo modelo de lucha contra el narcotráfico sin condiciones y centrada en las personas.

El uso de la georreferenciación de los cultivos, la implementación de proyectos productivos con desarrollo integral por coca como alternativa, lograron, según el Ministro, reportar utilidades a los productores de Yungas y el Chapare.

Finalmente, Romero detalló: “Bolivia sólo tiene el 10 por ciento (24.000 hectáreas) de la superficie de cultivos de hoja de coca que existe en toda la región andina, mientras que Perú cuenta con el 20 (49.900 hectáreas) y Colombia con el 70 (171.000 hectáreas)”.

Destacó que el modelo boliviano tiene como base la soberanía con dignidad, el Estado toma sus propias decisiones respecto a la eliminación de cocales ilegales, respeta la determinación de los productores, cuenta con recursos propios para aplicar nuevos modelos de desarrollo productivo, posibilitando la erradicación en zonas de cultivos donde antes era imposible acceder.

Durante su intervención, Yañiquez destacó el modelo de lucha contra el narcotráfico implementado por el Gobierno, asegurando que es reconocido a nivel internacional. “Los organismos del Estado deben ejecutar operaciones de lucha contra el narcotráfico, no como antes, deben estar alerta las fuerzas que luchan contra este delito”.