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Jhasmani lideraba banda de delincuentes integrada por jueces, fiscales, policías y vocales del Tribunal de Justicia 

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Jhasmani Torrico operaba con autoridades de la justicia y, además, elaboraba resoluciones de jueces. Los uniformados serán investigados internamente por la Didipi.

Una vocal, un fiscal y cuatro policías fueron aprehendidos  por los delitos de consorcio en el caso del abogánster Jhasmani Torrico Lecrere. A ellos se suma el esposo de la primera detenida, Cliver Torrico, y está en  trámite la detención de un segundo vocal, Nelson Pereira.

Después de revelarse en las últimas horas dos videos en los que se evidencia que Torrico torturaba a los deudores de sus clientes, los casos que se suscitaron en Cochabamba se conocieron con indignación en todo el país.

El abogánster -término definido por el Diccionario Popular como un “abogado corrupto que usa sus contactos, al estilo de la mafia, para aprovecharse de las personas”- estaba en la cárcel de El Abra desde noviembre de 2018 por el secuestro, extorsión y tortura contra un mécanico. Pero desde allí seguía siendo el cabecilla de su red.

La noche del jueves el Gobierno determinó su traslado al penal de Chonchocoro, pues en Cochabamba se reveló que Torrico planificaba contratar a sicarios para matar a la fiscal que investigó el caso del mecánico.

Los tentáculos del jurista agresor se dieron a conocer en sólo horas. Se trata de la vocal Anawella Tórrez Poquechoque, el fiscal Óscar Mauricio Olivares y los policías Hugo Maldonado, Carlos Pacheco, Adolfo Sanabria y Jorge Torrico, todos ellos tienen vínculos directos con el abogado torturador, según la Fiscalía.

“Resta la detención de un vocal de sala plena”, señaló el fiscal departamental de Cochabamba, Juan de la Cruz Vargas.

El fiscal general, Juan Lanchipa,  conformó una comisión especial de fiscales superiores que el lunes llegará a la Llajta desde Sucre para colaborar en la investigación. El delito que se investiga es consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados.

Dirigía procesos penales

El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, reveló ayer en una conferencia de prensa que la vocal Tórrez operaba con el abogado Torrico.

Contó que en septiembre de 2018, cuando las oficinas del abogado agresor fueron allanadas por la Fiscalía éste dijo: “Si se llevan mis CPU (computadoras) va a ser una bomba contra el tribunal de justicia y la Fiscalía”.

“Evidentemente, de la revisión de los actuados, se determinó que Torrico dirigía los procesos judiciales. Se encontró resoluciones de la vocal en la oficina de Jhasmani”, aseguró Jiménez.

De los documentos encontrados, había fallos de jueces que Torrico elaboraba en favor de sus clientes y sólo esperaban por la firma de los magistrados.

Por otro lado, el comandante de la Policía, Rómulo Delgado, informó que los cuatro policías detenidos pasarán a ser investigados internamente en la Dirección Departamental de Investigación Policial (Didipi). “Según las evidencias, se los dará de baja de la institución”, anunció.

De acuerdo con la información que maneja Jiménez, los cuatro policías procesados sustrajeron documentos de la fiscal Varinia Arnez, quien investiga a Torrico desde el año pasado.

“Los policías sustrajeron documentos, cambiaron los soportes digitales, intercambiaron otros para que se pierda la información (del caso de Torrico)”, explicó el Viceministro.

Asimismo, la autoridad anunció que el Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, se encargará de hacer seguimiento a la investigación del Ministerio Público y ayudará en lo que se pueda para que “caigan” todos los cómplices y los integrantes de esta red de corrupción que lideraba Torrico, jueces, fiscales, abogados y policías.

La noche del jueves, Torrico  llegó al aeropuerto de El Alto y fue llevado al penal de Chonchocoro. En un breve contacto con periodistas, les dijo que estará “encantado” de responder a todas las preguntas que tengan y que incluso pedirá autorización del gobernador de la cárcel para poder dar entrevistas a los medios de comunicación.

Hijo de fiscal ligado a Torrico, a la cárcel

El abogado Sergio Mauricio O.A.,  hijo de un fiscal del Ministerio Público de Cochabamba, fue enviado con detención preventiva al penal de El Abra, imputado por  asociación criminal, tortura, lesiones graves,  secuestro,  extorsión y consorcio de policías, jueces y fiscales.

Sergio Mauricio O.A. fue aprehendido la noche del jueves, luego de la difusión de dos videos donde se observa a su socio, el abogado Jhasmani Torrico, torturar a dos víctimas   junto a seis   cómplices, para obligarlos a entregar dinero por supuestas deudas con sus clientes.

Sergio Mauricio O.A. era responsable de la división jurídica “de delitos patrimoniales y recuperación de dinero” de la oficina del abogado Jhasmani Torrico Lecrere.

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