Jueces sentencian a cinco años de cárcel a una persona por comercializar facturas

Santa Cruz, 6 de junio 2022

El Tribunal Séptimo de Sentencia en lo Penal de la Capital de Santa Cruz, sentenció a Percy P.V.F. a cinco años de privación de libertad en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, en un juicio abreviado en el que el imputado se declaró autor de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

El tribunal antes mencionado estuvo conformado por los jueces Yaneth Noemi Paniagua Villa, Freddy Coronel Alacoma y Anahí Áñez Mendoza, quienes dictaron la sentencia el 31 de mayo de este año.

Desde el comienzo de este proceso judicial en la gestión 2019, la Administración Tributaria estuvo presente como parte querellante.

Antecedentes

El caso se remite al 12 de septiembre de 2019 cuando el SIN, mediante la Gerencia Distrital Santa Cruz I, tras realizar una minuciosa investigación tributaria, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra una red de comercializadores de facturas.

La investigación fiscal implicó la verificación de domicilios de proveedores, requerimiento de información a la Aduana Nacional y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), además de otros pasos.

Después, el SIN inició la fiscalización tributaria de quienes se beneficiaron del crédito fiscal de las facturas emitidas por los proveedores observados, proceso que se continuará con la investigación e inicio de controles y fiscalización a los compradores de dichas facturas, quienes se habrían beneficiado de un gasto inexistente y que generan daño económico al Estado.

La Administración Tributaria sigue el proceso judicial contra otros 11 acusados, proceso que a la fecha se encuentra en etapa de juicio oral.

El SIN recuerda a la población en general que no se deje engañar con la comercialización de facturas porque esta actividad ilícita es una forma de defraudación tributaria, que afecta los ingresos del Tesoro General de la Nación (TGN) y reduce la capacidad del Estado para construir obras que benefician a todos los bolivianos.