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Justicia lanza el Sistema Electrónico de Registro Público de Abogados

“Estamos en un momento de presentar resultados al país. Se trabaja para modernizar los sistemas y dar respuestas inmediatas a los usuarios, en este caso a las y los abogados del país. Cuando hay una convocatoria, tienes que acreditar que eres abogado y ahora se lo puede hacer en línea, se puede hacer inmediatamente”.

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Foto-Representación de la justicia

La Paz, 1 de abril 2022

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales y la Dirección General del Registro Público de la Abogacía (RPA), presentó hoy el Sistema Electrónico de Registro Público de Abogados que permitirá acortar considerablemente el tiempo de entrega de credenciales a partir de la digitalización de datos.

“Estamos en un momento de presentar resultados al país. Se trabaja para modernizar los sistemas y dar respuestas inmediatas a los usuarios, en este caso a las y los abogados del país. Cuando hay una convocatoria, tienes que acreditar que eres abogado y ahora se lo puede hacer en línea, se puede hacer inmediatamente”, explicó el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne durante el evento de presentación.

El Decreto Supremo 4690 modifica el Decreto Supremo 1760 que reglamenta la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía de 9 de julio de 2013, mediante la cual se regula los requisitos y verificación del registro y matriculación de abogadas y abogados en el país.

“Vamos a reducir los plazos, queremos que el registro de los abogados sea prácticamente inmediata. A veces los profesionales en Derecho están esperando meses la credencial para su habilitación como abogados”, agregó la autoridad.

El titular de Justicia manifestó que al momento se registra cerca de 84 mil abogados a nivel nacional, lo que significa que hay 764 abogados por cada 100 mil habitantes, una cifra alta en comparación a las de la región.

El Ministro también develó que hay una gran cantidad de denuncias que llegan hasta esta cartera de Estado por el ejercicio de la abogacía con títulos falsos, situación que hace necesario un refuerzo en el control que realiza el RPA para garantizar a la población un servicio de la abogacía de calidad.

“No se hizo un adecuado control de la profesión legal, resulta que el Consejo de la Magistratura encuentra en Oruro a un juez que no era abogado y la mayor cantidad de juicios penales que llevamos como Ministerio de Justicia, es por personas que han presentado títulos de abogacía falsos”, dijo Lima.

El nuevo Sistema permitirá que las y los abogados que requieran su credencial de profesional puedan hacer el trámite con la fotocopia simple de sus títulos profesionales que serán verificados a través de un trabajo interinstitucional que se desarrollará entre el Ministerio de Educación, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) y el RPA.

“La interoperabilidad, la digitalización de nuestros servicios y del Registro Único de la Abogacía, le garantizará en los próximos meses a todos los abogados del país y a la población, seguridad en el ejercicio de la profesión”, indicó.

Por su parte, el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles destacó el trabajo interinstitucional que permitió el resultado plasmado en el nuevo Sistema, “para hacer más fácil y operativo el registro de los abogados a través del RPA con el fin de contar con la credencial profesional”.

El Viceministro explicó que en promedio se esperaba 60 días para obtener la confirmación de parte de las universidades respecto a la legalidad de los títulos profesionales presentados por abogados para ser acreedores de la credencial.

“Ahora a través de las tecnologías de la información con un clic se podrá consultar la base de datos de la universidad correspondiente o del Ministerio de Educación, para confirmar si la fotocopia simple presentada, es legítima y auténtica”, detalló Siles y añadió que el procedimiento responde a un mandato constitucional.

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